PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
En el BOE de hoy se publica la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Como es sabido, en los PGE se incluye la regulación de la Oferta de Empleo Público:
- Se establece una tasa de reposición del 50 por ciento, con carácter general
- Se introduce como novedad respecto a la Ley de Presupuestos de 2016 un incremento de los sectores y administraciones que se consideran prioritarios a efectos de que, excepcionalmente en este ejercicio se pueda aumentar hasta el 100 por ciento la tasa de reposición de aquellos.
- Se acomete el proceso de estabilización de empleo temporal en el sector público.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Concretamente, además de otros cuerpos y escalas de funcionarios de otras Administraciones Públicas, en relación con los Letrados de la Administración de justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (Gestión procesal, Tramitación procesal, Auxilio Judicial, …) se establece lo siguiente (artículo 19):
- La tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100%.
- Se podrá disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.
- Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
- La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 por ciento.
- La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.