Condenada la DGA a aprobar una Oferta de Empleo Público para el año 2014 en el ámbito de la Administración General

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 23 de marzo de 2016, ha fallado a favor de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-), condenando a la Diputación General de Aragón a que apruebe Oferta de empleo Público correspondiente al año 2014, en el ámbito de la Administración General (más información).

El Gobierno de Aragón deberá ampliar la oferta de empleo público 2015

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante su sentencia de 9 de diciembre de 2015, ha vuelto a declarar no ser conforme a derecho la oferta de empleo público del Gobierno de Aragón, esta vez la oferta de 2015 que fue publicada mediante Decretos 75/2015, 76/2015 y 77/2015 de 5 de mayo, por no incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos, eventuales o personal estatutario interino, dando así la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón.

Más información en la web de la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón.

El Tribunal Constitucional declara nula la atribución del Registro Civil a los Registradores Mercantiles

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia de 24 de septiembre de 2015, por la que declara nulas las disposiciones adicionales 20ª a 24ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitiviada y la eficiencia, por la que se encomendaba a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza del Registro Civil.

El Pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la disposición adicional 19ª, que alarga de tres a cuatro años la prórroga para la entrada en vigor de la ley del Registro Civil, dada la necesidad de “asegurar el correcto funcionamiento del sistema”. No ocurre lo mismo con las restantes disposiciones adicionales (20ª a 24ª), relativas a la llevanza del Registro Civil, que son declaradas  inconstitucionales y nulas. No existe “justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de  modificar parcialmente el contenido” de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un  periodo de un año, señala la Sentencia al respecto.