Los contratos de colaboración social afectados por el Real Decreto-ley 17/2014

Hace unos meses, en este mismo blog, publicábamos un artículo sobre la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en relación a los contratos de colaboración social. Según esta jurisprudencia la temporalidad de estos contratos debía estar vinculada al objeto del contrato de trabajo; por lo que las actividades normales y permanentes de la Administración Pública no tienen amparo para efectuar contrataciones de colaboración social en el artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social [lectura completa de dicho artículo].

Para salvar dicho “escollo”, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, se ha introducido una disposición adicional segunda en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico (publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2014).

La fundamentación que dan para saltarse, de forma temporal, la posibilidad de seguir utilizando este tipo de contratación para realizar actividades normales de la Administración, es: “(…) La provisión por las Administraciones Públicas de los recursos humanos necesarios para la realización de las tareas que actualmente se desarrollan a través de esas formas de colaboración exige por mandato legal la previa dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en tanto se dé cumplimiento a tales procedimientos los servicios públicos correspondientes carezcan de los recursos humanos correspondientes, se habilita para que quienes ya desarrollaban dicha colaboración puedan continuar haciéndolo hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones. En esta modificación normativa concurre extraordinaria y urgente necesidad al otorgarse una solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de colaboración social.”

Así, los perceptores de prestación por desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que continúen desarrollando dicha colaboración a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente.

Esta redacción legislativa, hecha para salvar “el varapalo” judicial, afecta, entre otros, a los contratos subvencionados por la Comunidad de Madrid a los municipios de esta comunidad autónoma (BOCM de 28 de mayo de 2013), al tener que seguir en esos puestos de trabajo los desempleados que comenzaron en ese año hasta que finalice el contrato acordado o la prestación por desempleo.