Derecho a la indemnización de los contratos de interinidad al finalizar su contrato según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016*, reconoce el derecho a recibir indemnización al finalizar el contrato de interinidad de un trabajador, al igual que la perciben los trabajador fijo comparable. Ya que considera que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.

En el Derecho español existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contrato de duración determinada, en la medida en que la indemnización abonada en caso de extinción legal del contrato es de 20 días de salario por año trabajado en el caso de los primeros (art. 53 ET, mientras que se eleva a sólo 12 días de salario por año trabajado para los segundos (art. 49.1.c) ET). Esta desigualdad es aún más evidente en lo que atañe a los trabajadores con contrato de interinidad, a los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa (art. 49.1.c) ET).

*La sentencia se refiere a una trabajadora (cotrato laboral de interinidad) de una Administración Pública (Ministerio de Defensa).

Condenada la DGA a aprobar una Oferta de Empleo Público para el año 2014 en el ámbito de la Administración General

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 23 de marzo de 2016, ha fallado a favor de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-), condenando a la Diputación General de Aragón a que apruebe Oferta de empleo Público correspondiente al año 2014, en el ámbito de la Administración General (más información).

El Tribunal Supremo declara nulas causas económicas en el despido colectivo en el Sector Público

El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en su sentencia de 19 de mayo de 2015, ha declarado nulo el siguiente pasaje del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre):

«A los efectos de determinar la existencia de causas económicas, para los sujetos a los que se refiere el citado artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y

b) Que los créditos del Departamento de transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.»

En esta sentencia se señala que la <<disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores configura como causa justificativa del despido colectivo no la mera insuficiencia presupuestaria, sino la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente” Esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella. Más aún, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal.>>

Interpuesto recurso por no publicarse la oferta de empleo público 2014 en Aragón

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha interpuesto, en fecha 23 de febrero de 2015, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente a la inactividad normativa del Gobierno de Aragón, al no aprobar el decreto de Oferta de Empleo Público para 2014 en el ámbito de la administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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Ser empleado público vuelve a despertar interés

Ourense esculpió a fuego su fama de ser una provincia de funcionarios, lo cual es un lastre profundamente injusto. El peso de la industria no es determinante en el tejido productivo provincial, pero no más que en otras provincias de su tamaño y la presencia de empleados públicos tampoco excede proporcionalmente al que pueda haber en otros territorios. La fama de Ourense está relacionada más con la preparación de oposiciones que por la promoción de funcionarios. Es cierto que las empresas encargadas de la formación para superar los procesos selectivos han tenido su época dorada años atrás gracias al alto porcentaje de aprobados en los concursos, pero eso es el pasado. ¿La razón? Muy sencilla: la crisis ha obligado a las administraciones públicas a recortar el acceso a la función pública, incluso ha suprimido sociedades de capital público cuyos trabajadores cobraban con cargo a presupuestos públicos. Apenas se han mantenido estos años la tasa de reposición en algunas profesiones, sobre todo enseñanza o cuerpos de seguridad… Leer más

 

Informe sobre la reordenación del sector público autonómico

Se ha publicado el Informe de reordenación del sector público autonómico, en el que se muestra el total de ahorros en materia de gasto y de reducción personal estimados por cada Comunidad Autónoma, derivados tanto de medidas de extinción de entes como de otras medidas de racionalización de su sector público instrumental.

De los procesos se reordenación y racionalización planteados por las Comunidades Autónomas para el periodo 2011-2015 supone un total de ahorro estimado de 21.586.992,62 millones de euros y una reducción total de plantillas por extinción u otras medidas de 53.544 efectivos.

reducción personal

La composición detallada del sector público autonómico, a fecha 1 de julio de 2014, así como sus principales características, se integra en el informe semestral sobre el impacto del sector público autonómico en la actividad económico-financiera.

Los grandes ayuntamientos de España incrementan en más de 10 puntos su transparencia con respecto a 2012

La puntuación media que han obtenido los ayuntamientos de España de más de 60.000 habitantes en distintas áreas de transparencia en el año 2014 ha subido en más de 10 puntos con respecto a la media alcanzada en el año 2012, según un estudio elaborado por Transparencia Internacional (TI).

Así lo ha puesto de manifiesto Organización No Gubernamental (ONG) durante la presentación del índice de Transparencia de los Ayuntamientos del año 2014 con el que se ha medido el nivel de transparencia de los 110 mayores ayuntamientos de España.

El estudio refleja la “clara apuesta” de los ayuntamientos por la transparencia ya que la media general que los 110 municipios han obtenido en 2014 ha alcanzado 85,2% puntos sobre 100 frente la puntuación de 70,9 que consiguieron en el estudio anterior realizado en 2012.

En dicho informe, hay 19 ayuntamientos que han obtenido la máxima puntuación posible de 100 puntos y, por ello, comparten el primer puesto del ranking. Entre ellos destacan los consistorios de Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Palma de Mallorca, Málaga, Oviedo o San Sebastián mientras que los ayuntamientos de Granada, Almería, Badajoz  o Jaén han obtenido las peores calificaciones.

Además, el estudio pone de relieve la mayoría cumple con los requisitos que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que entró en vigor el pasado mes de diciembre y, en concreto, “casi la totalidad” de las corporaciones locales más grandes han creado ya un portal de la transparencia en su página web.

El Presidente de TI, Jesús Lizcano, ha recordado que hasta diciembre de 2015 no será obligatorio para los municipios y las Comunidades Autónomas el cumplimiento de la ley de transparencia, por el momento sólo lo es para la Administración central.

Los contratos de colaboración social afectados por el Real Decreto-ley 17/2014

Hace unos meses, en este mismo blog, publicábamos un artículo sobre la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en relación a los contratos de colaboración social. Según esta jurisprudencia la temporalidad de estos contratos debía estar vinculada al objeto del contrato de trabajo; por lo que las actividades normales y permanentes de la Administración Pública no tienen amparo para efectuar contrataciones de colaboración social en el artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social [lectura completa de dicho artículo].

Para salvar dicho “escollo”, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, se ha introducido una disposición adicional segunda en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico (publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2014).

La fundamentación que dan para saltarse, de forma temporal, la posibilidad de seguir utilizando este tipo de contratación para realizar actividades normales de la Administración, es: “(…) La provisión por las Administraciones Públicas de los recursos humanos necesarios para la realización de las tareas que actualmente se desarrollan a través de esas formas de colaboración exige por mandato legal la previa dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en tanto se dé cumplimiento a tales procedimientos los servicios públicos correspondientes carezcan de los recursos humanos correspondientes, se habilita para que quienes ya desarrollaban dicha colaboración puedan continuar haciéndolo hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones. En esta modificación normativa concurre extraordinaria y urgente necesidad al otorgarse una solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de colaboración social.”

Así, los perceptores de prestación por desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que continúen desarrollando dicha colaboración a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente.

Esta redacción legislativa, hecha para salvar “el varapalo” judicial, afecta, entre otros, a los contratos subvencionados por la Comunidad de Madrid a los municipios de esta comunidad autónoma (BOCM de 28 de mayo de 2013), al tener que seguir en esos puestos de trabajo los desempleados que comenzaron en ese año hasta que finalice el contrato acordado o la prestación por desempleo.

 

Los empleados públicos en el conjunto de las Administraciones Públicas han descendido

 

Se ha publicado el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a julio de 2014, en el que se observa que los empleados públicos son un 6,08% menos que en enero de 2012. En 2014 los empleados públicos ascienden a 2.522.631, habiendo sido la reducción de 163.206 empleados.

Durante el mismo período, la disminución ha sido de:

  • En la Administración Pública Estatal, 41.399 (7,11%),
  • en las Comunidades Autónomas de 74.671 (5,52%)
  • y en las Entidades Locales de 40.952 (6,86%)

El reequilibrio en el número de empleados públicos hace posible que en 2015 se eleve la tasa de reposición del 10% al 50% en los servicios prioritarios (tasa de reposición autorizada en la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2015) y que en 2014 se haya convocado una oferta de empleo público extraordinaria junto a la ordinaria que suman 1.211 plazas libres y 1.688 de promoción interna

De los 2.522.631 de empleados públicos actuales, el 50,6% pertenecen a las Comunidades Autónomas; el 22% a las Entidades Locales; el 21,4% a la Administración Pública Estatal; y el 5,9% a las Universidades

 

La limitación de edad para el acceso a agente de Policía Local es contraria al Derecho de la Unión Europea

En la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2014, asunto C-416/13, se declara que la Ley del Principado de Asturias que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local es contraria al Derecho de la Unión, al oponerse a lo dispuesto en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, pá. 16).

El Tribunal de Justicia reconoce que algunas de las funciones de agente de la Policía Local (a saber, la protección de las personas y bienes, la detención y custodia de los autores de hechos delictivos y las patrullas preventivas) pueden requerir capacidades físicas específicas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que nada demuestra que las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local estén necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no puedan darse en personas que hayan superado determinada edad. En consecuencia, nada permite afirmar que el objetivo legítimo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del cuerpo de agentes de la Policía Local exija mantener una determinada estructura de edad en su seno que imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no superen la edad de 30 años. Por ello, el límite de edad fijado por la Ley del Principado de Asturias es un requisito desproporcionado.

El Tribunal de Justicia subraya que, según las propias bases de la convocatoria controvertida, los candidatos a las plazas de agentes de la Policía Local deben realizar determinadas pruebas físicas específicas. Según el juez nacional, estas pruebas físicas, por su carácter exigente y eliminatorio, permiten alcanzar el objetivo de que los agentes de Policía Local tengan las condiciones físicas especiales necesarias para el desarrollo de su profesión de un modo menos restrictivo que la fijación de una edad máxima.

Además, el Tribunal de Justicia considera que ninguno de los elementos que se le han remitido permite considerar que el límite de la edad para participar en la convocatoria sea apropiado y necesario habida cuenta de dos objetivos legítimos de política social: i) garantizar que los agentes tengan la formación requerida para el puesto de que se trata (la Ley del Principado de Asturias no precisa las características de la formación que han de cursar los candidatos que hayan superado las pruebas de la oposición aprobada por el Ayuntamiento de Oviedo) y ii) garantizar a los agentes un período de actividad razonable previo a la jubilación (ya que la edad de jubilación de los agentes de la policía local está fijada en 65 años).