Funcionariado: ¿una relación permanente?

En los últimos tiempos estamos viendo una serie de ataques constantes contra la propia esencia de la Función Pública. Como consecuencia de la profunda crisis económica en la que se encuentra inmerso nuestro país, una cohorte de políticos, periodistas, empresarios, opinadores profesionales, banqueros (que no bancarios), etc., han puesto en cuestión el modelo de la Función Pública española que, como sabemos, se asienta sobre un colectivo concreto: los funcionarios y sobre una relación de carácter permanente de éstos con la Administración pública.

Los funcionarios de carrera, estamos vinculados a la Administración pública  a la que servimos por una relación profesional de carácter permanente, que garantiza la continuidad en la prestación del servicio independientemente del color del político de turno. Por todos es sabido que los políticos pasan, los funcionarios permanecemos. ¿Qué es lo que cuestionan los colectivos arriba referenciados?, pues precisamente eso, el hecho de que los funcionarios estemos vinculados a la Administración por una relación de carácter permanente. ¿Qué prefieren?, o mejor dicho ¿qué pretenden? Pues por lo visto todo lo contrario, es decir, que la relación del funcionariado con la Administración sea revisable de forma temporal y que de esa forma se pueda prescindir del citado personal por circunstancias ajenas a las estrictamente profesionales o disciplinarias. Miedo me da sólo de pensarlo.

Los funcionarios somos la garantía en la prestación del servicio, garantizamos la objetividad en la aplicación de la norma y, en muchas ocasiones tenemos que “enfrentarnos” con nuestros superiores (del nivel político) para defender la legalidad y la objetividad en la actividad de la Administración. Por ello, además, la permanencia en la relación profesional constituye también una garantía en la actuación del funcionariado ya que esta permanencia es la que nos permite defender y aplicar las normas jurídicas en toda su extensión y velar por la objetividad en la prestación del servicio público, sin temor a que “por llevar la contraria”, o “no compartir criterios”, pueda peligrar no el puesto de trabajo, sino nuestra propia relación profesional.  ¿También quieren privarnos de la permanencia?, pues entonces, desde mi punto de vista no quedará garantizada la objetividad del funcionariado, ya que si se me permite la expresión “con lo de comer no se juega”. Creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan.

No debemos confundirnos ni dejarnos confundir. No podemos ni debemos mezclar, a estos efectos, lo público con lo privado. La prestación del servicio público responde y debe responder a criterios de objetividad, eficiencia y economía, pero hay un dato muy importante que nos distingue del sector privado: en la Administración pública no buscamos ni pretendemos un beneficio económico, sino la satisfacción del interés general mediante la prestación del servicio público de forma objetiva y con los medios encomendados. Entre los medios encomendados para la prestación del servicio, se encuentra el personal (funcionario y laboral), ¿permitimos que lo elija a su gusto el nivel político para que no le plantee problemas?, ¿no tienen bastante con el personal eventual y con el nuevo personal directivo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público? Pues entonces hagamos caso a quien pretende acabar con la relación permanente del funcionariado de carrera y del personal laboral fijo. Eso sí, luego no nos quejemos.

Juan Miguel Rausell Gómez

Técnico Administración General Universidad de Valencia

LA SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

Vivimos momentos difíciles para los funcionarios. En tiempos de bonanza nadie se acordaba de nosotros y ahora con la crisis parece que seamos los culpables de todos los males.

Algunos compañeros ya lo han expuesto en este blog, convendría no confundir la política con la administración. Pero no nos engañemos, es fácil e incluso popular “darles caña” a los funcionarios, “esos privilegiados con un sueldo fijo y un horario de película”. Bien, siento desanimaros pero si alguien piensa en entrar en la administración para hacerse rico creo que se equivoca. Me temo que ricos no os vais a hacer y lo del horario es discutible, no acabo de tener claro que estar más horas en una oficina signifique trabajar más.

Siendo funcionarios, a simple vista en la famosa pirámide Maslow (esa que establece la jerarquía de las necesidades humanas) llegareis difícilmente a cubrir dos niveles: vuestras necesidades básicas y vuestras necesidades de seguridad y protección. Digamos que no os faltará un plato de comida en la mesa, lo cual no es poco a día de hoy, pero tampoco mucho más.

Hasta ahí lo que se ve, ahora bien, sí es verdad que los funcionarios somos unos privilegiados, aunque no por los motivos que mucha gente piensa.

Un funcionario, sea cual sea su nivel, es un servidor público y eso es algo muy especial, que pocos pueden decir, de lo que hay que sentirse orgulloso y que conlleva una gran responsabilidad. Trabajar en la administración no es un trabajo más, no se trata de obtener beneficios a toda costa, de especular ni de vender más un producto, se trata de servir a los ciudadanos.

Hemos de ser conscientes de que con nuestro trabajo del día a día, sea cual sea nuestro trabajo, desde un conserje hasta un director general, estamos contribuyendo a una sociedad mejor, a una vida mejor de nuestros conciudadanos, a unos mejores servicios. Si miramos a nuestro alrededor detrás de ese parque, esa carretera, ese hospital y si me apuráis hasta detrás del que nos pone una multa… hay un funcionario que ha aportado su granito de arena para que eso exista, funcione y tenga como resultado una sociedad mejor.

Sin esperar el reconocimiento de los demás creo que tenemos motivos más que sobrados para sentirnos satisfechos y autorrealizados, lo siento por el señor Maslow porque no seguimos su pirámide y los funcionarios saltamos de la base a la cima sin pasar por los estadios intermedios. Servir a los demás y la autosatisfacción que ello produce ese es el verdadero privilegio del funcionario.

Por mi trabajo he tenido la ocasión de colaborar directamente en obras públicas que han transformado las ciudades y la vida de los que las habitan. Miles o incluso millones de personas están disfrutando del trabajo de unos funcionarios de los que nunca se sabrá su nombre, ni falta que hace, porque siempre les quedará la satisfacción de decir “yo participé en la creación de ésto” y eso es lo que verdaderamente tiene valor del trabajo de funcionario y aunque os pueda parecer extraño es lo que más te motiva.

Más allá de los sueldos y los horarios, en estos tiempos difíciles para los funcionarios, me gustaría animaros a que lo fueseis, merece la pena ser un servidor público.

Antonio Sánchez

Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOMOS NECESARIOS

Podemos definir los recursos humanos como un conjunto de personas que forman parte de una empresa conjuntamente con los recursos materiales que forman parte del patrimonio de aquella.

Refiriéndonos a la función pública podemos decir que está formada por el conjunto de personas que trabajan en la Administración, que han sido seleccionadas con criterios de objetividad y de conformidad con los principios constitucionales de mérito y capacidad, a través de una relación de servicios de carácter profesional, retribuida-especial y regulada por la normativa laboral o administrativa.

Las clases de personal que forman parte de la Administración pública son las siguientes: personal funcionario de carrera, personal interino, personal eventual y personal laboral.

Todas estas personas dependen orgánicamente de un departamento y están adscritas a una dirección general bajo la dependencia de un jefe en la forma que se determine.

El principal objetivo que persigue la Administración pública es satisfacer el interés general a través de los recursos de que dispone y, sobretodo, a través de los empleados públicos que tiene adscritos.

Cabe decir que una parte de la sociedad, desgraciadamente, ve los funcionarios de carrera como personas “enchufadas” e innecesarias pero no es así ya que para poder llegar hasta aquí hay que pasar unos procesos selectivos más o menos duros en función del cuerpo, escala o categoría laboral en la que se pretende ingresar y éste puede llegar a ser un proceso largo y duro en el que el esfuerzo, la constancia y la dedicación son los elementos principales para alcanzar la meta propuesta.

Por último, cabe destacar, que los funcionarios somos necesarios. Os pondré unos ejemplos:

– Cuando esté enfermo / a y tenga que ir a un hospital público, ¿qué facultativo me atenderá, si no hay personal funcionario?

– Quiero llevar a mis hijos a una escuela pública pero no lo puedo hacer ya que ninguno dispone de personal docente funcionario.

– Tengo que hacer algún trámite Administración pública pero no hay personal funcionario por atenderme. En este caso, ¿como realizo este trámite?

Laia Osorio

Auxiliar administrativa

Departamento de Justicia

Administración de Justicia: el inicio de una nueva era

De todos es conocida la mala reputación de nuestra Administración de Justicia, especialmente en cuanto al retardo en los trámites y la toma de decisiones, nuestra Administración de Justicia adolece de un mal generalizado y arraigado de tal modo que requiere de medidas drásticas, y afortunadamente aun cuando lentamente, parece que por fin se va por el camino adecuado.

¿Pero dónde está el mal? ¿Qué hace que no seamos capaces de ofrecer el servicio público que merecen los ciudadanos?

Desde luego ni mucho menos lo es la dedicación de los funcionarios que sirven en ella, todo lo contrario si no fuera por el sacrifico personal de estos el sistema habría quebrado totalmente, me consta su responsabilidad, su interés por hacer las cosas lo mejor posible.

Tampoco la carencia de medios materiales, que no es tanta, aunque en estos últimos tiempos dada la coyuntura económica sí que empiece a notarse en algunas comunidades autónomas.

No, queridos lectores, lo que ocurre en la Administración de Justicia es una cuestión de “método de trabajo”, estamos en este sentido en el siglo XIX, y así es imposible. ¿Alguien se imagina que la Ford pudiera sacar su producción en la cantidad y calidad actual, por mucha tecnología de que dispusieran, con el mismo método de trabajo que empleaban en el siglo XIX? Es fácil la respuesta, rotundamente, no.

Esto trae consigo lo que nuestro propio Ministerio de Justicia diagnosticó atinadamente:

1. Dispersión, con tantas oficinas judiciales como órganos judiciales.

2. Infrautilización de capacidades y aptitudes profesionales de los secretarios judiciales.

3. Indefinición de funciones y de carrera profesional

4. Inexistencia de métodos de trabajo racionales y homogéneos.

5. Inmuebles dispersos y espacios utilizados indebidamente.

6. Problemas de compatibilización e infrautilización de las tecnologías en cada una de las administraciones responsables.

7. Inexistencia de control eficiente y de responsabilidades.

8. Capacidad productiva condicionada a la capacidad resolutiva de jueces y magistrados.

Afortunadamente ante la situación, todos los operadores jurídicos, así como todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y comunidades autónomas, se pusieron de acuerdo en algo importante, en el cambio.

Y así en el año 2003 se creó mediante la correspondiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial una nueva estructura, de nuestro siglo y que hará posible el empleo de métodos de trabajo adecuados a nuestro tiempo, aprovechando la tecnología que ya tenemos mejorada. Fue el diseño de lo que se ha venido a conocer como Nueva Oficina Judicial (NOJ), basada en la existencia de dos elementos organizativos básicos, la Unidad de Apoyo Directo a los jueces y magistrados y los Servicios Comunes, donde se concentrarán la mayoría de los recursos, evitando la atomización actual y prestando soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional y en uno de los cuales se llevará la ordenación del proceso, logrando con ello agilidad y cohesión.

Con ello se logrará en base a los principios de, jerarquía, división de funciones y coordinación:

  • La homogeneidad, consecuencia que debiera tenerse por lógica, dado el carácter único del poder judicial.
  • La flexibilidad necesaria en su diseño, atendiendo a la actividad que se desarrolle.

 

Y así se podremos alcanzar los objetivos de:

1º. Agilidad.

2º. Eficacia.

3º. Eficiencia.

4º. Racionalización del trabajo.

5º. Responsabilidad por la gestión.

Sin embargo no bastaba para esto el mero diseño sobre el papel, se hacía necesario una reforma procesal que hiciese posible el cambio, lamentablemente hemos tenido que esperar varios años después, para que se produzca, y aun así a medias, pero al menos hace posible la puesta en marcha inicial de la NOJ.

Se trata de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009. Estas leyes han creado las primeras mimbres del proceso moderno que pueda hacer que los ciudadanos disfruten del servicio público de la Justicia que se merecen. La reforma como digo es escasa, hay muchas novedades que habrán de introducirse en el futuro, y en materia criminal poco o nada se ha avanzado, pero al menos podemos empezar a andar sobre el presente, sin que tengamos que recibir a los que hoy en día acuden a las oficinas judiciales con un “bienvenido al siglo diecinueve”.

Y esos primeros pasos se han dado en Burgos y Murcia, seguidos de otras poblaciones como Ciudad Real, porque no basta la Ley, la Ley hay que materializarla y hay que crear esos Servicios Comunes, es preciso que el ciudadano cuando accede a una sede judicial observe un gran cartel donde diga “Servicio Común de Ordenación Procesal” y ese cartel se puede traducir por “Bienvenido al siglo XXI, bienvenido a la modernidad”

Todo esto, que como digo está empezando, es también un aliciente para todos los profesionales que trabajamos para la Administración de Justicia y especialmente para todos los funcionarios, porque cuando cada día nos levantamos, no nos satisface sentirnos inútiles porque a pesar de nuestro esfuerzo no hemos conseguido dar satisfacción a nadie, queremos solucionarle problemas a nuestros conciudadanos, queremos ver que nuestro trabajo sirve y que la gente se va de un modo u otro satisfecha, queremos que la gente sienta que trabajamos para ellos y que hacemos que la Administración de Justicia funcione, que para eso somos funcionarios, para hacer funcionar las cosas, estamos en el buen camino, esperemos que los miedos al cambio y al progreso, no nos hagan girar marcha atrás.

Patricio Arribas Atienza

Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE NULIDAD DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ARAGÓN

Cuando se creó, mediante la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública de 1984, la oferta de empleo público, todos los que nos dedicamos al estudio de estos temas saludamos con optimismo esta novedad ya que era tanto como empezar a introducir, en una situación confusa y anárquica controlada por los Cuerpos de funcionarios, un poco de orden, sensatez y cordura. El paso de los años, sin embargo, ha venido a disminuir este optimismo inicial, puesto que la oferta de empleo no ha llegado a ser ni mucho menos lo que se esperaba de ella, como se demostrará a lo largo de estas líneas; y eso que el legislador, con buen criterio por esta vez, la  respetó y reguló insuficientemente en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleo Público.

Dentro de la problemática que hoy caracteriza a la Función Pública de nuestro país, y relacionado muy directamente con la oferta de empleo público, tenemos planteada la situación de los funcionarios interinos que proliferan en todas las Administraciones y que nadie se decide abordar con seriedad y objetividad. Por ello, me ha parecido muy oportuno comentar, y sobre todo divulgar, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2010, en la que se discute acerca de la impugnación de la oferta de empleo público de la Diputación General de Aragón de 2007, como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. 

Resumiendo brevemente los hechos, hay que señalar que, denegado el recurso interpuesto por esta Asociación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la oferta de empleo público para el año 2007, la referida Asociación recurrió en casación ante el Supremo y resultado del recurso interpuesto es la sentencia objeto de estas líneas y de este comentario.

El fallo empieza rechazando la falta de legitimación de la Asociación recurrente, ya que ésta y los funcionarios a los que representa “tienen interés en que la Administración cubra sus vacantes a través de los procesos selectivos previstos legalmente que garanticen en mayor medida el acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, por lo que el hecho de que “el acceso sea para todos los ciudadanos, o restringido para la funcionarios, no es ajeno a los intereses legítimos de la Asociación recurrente, como no lo sería a los meros ciudadanos , individualmente o asociados que pretendan acceder a la función pública”.

Despejado el camino con el reconocimiento de la legitimación de la Asociación, parte actora en el procedimiento, la sentencia entra en el fondo del asunto y pasa al análisis, valoración y contenido del recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquélla y lo hace sorprendentemente con pocas argumentaciones pero que, dada su claridad, no precisan de mayores adornos jurídicos y procesales.

En primer lugar, el Supremo señala que acepta el recurso de casación porque, como sostiene la parte recurrente, “el derecho de acceso al empleo público es un derecho fundamental de configuración legal, tal como expresamente dispone el artículo 23.2 de nuestra norma constitucional”. En segundo lugar, este derecho fundamental ha sido desarrollado en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual cuando existan vacantes cuya cobertura no sea posible por funcionarios de carrera “las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. Y en tercer lugar, a mayor abundamiento, “el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que “las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios”.

Tras estos razonamientos, la conclusión de la sentencia no puede ser más explícita y convincente, al sostener que la claridad de los preceptos acabados de exponer y vulnerados por la Comunidad Autónoma de Aragón “no dejan duda de la ilegalidad del acuerdo impugnado”, quedando por determinar “si nos encontramos ante una simple ilegalidad o, por el contrario la misma afecta al derecho fundamental”. Al respecto, el Supremo, como no podía ser de otra manera, admite que estamos ante la segunda alternativa, “pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”, no sirviendo como contraargumento la sorprendente afirmación de la Administración aragonesa “de que el hecho de no sacar todas las plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudiera haber ofertas públicas, al no existir vacantes”. Ante estos razonamientos, ciertamente poco serios y poco sólidos, la sentencia  responde puntualizando que ello “ocurrirá si los Tribunales calificadores no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo por qué cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de selección”. En otras palabras, suave pero claramente el Supremo le viene a decir a  la Administración aragonesa que lo que tiene que hacer es cumplir el mandato legal de convocar las plazas cubiertas por interinos, sin parapetarse en el hecho de que no lo hace nada menos que para garantizar el nivel y el prestigio de las correspondientes pruebas selectivas.

Y todavía más. La sentencia sigue argumentando en contra de la Administración aragonesa, manifestando que “tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos” y, “en consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes”. En otras palabras, ni siquiera motivos económicos o presupuestarios pueden esgrimirse para incumplir la ley, ya que si hay interinos ocupando plazas vacantes su coste es muy similar al de los funcionarios de carrera, no sirviendo, por tanto, la argucia de que, con esta actitud de la Administración, se ahorra dinero y se disminuyen los gastos. E incluso en la hipótesis de que la carga económica fuera menor echando mano de interinos, parece claro que el cumplimiento de un derecho fundamental como es el acceso a los puestos públicos deberá ser siempre la opción a considerar.

Como conclusión, cabe afirmar que estamos ante una sentencia interesante por cuanto incide sobre un problema muy actual como es el de las ofertas de empleo público, afectadas por la crisis económica que, como no podía ser menos, influye sobre las decisiones de las Administraciones Públicas a la hora de determinar  sus vacantes a cubrir. El Tribunal Supremo ha ido, como se dice en nuestro lenguaje cotidiano, directamente al grano desplegando sus argumentaciones en una doble dirección. De un lado, estamos ante un derecho fundamental, reconocido en el artículo 23. 2 de la Constitución, que hay que respetar y cumplir por las Administraciones Públicas, sean estatales, autonómicas o locales, sin apelar a subterfugios más o menos rebuscados o maquiavélicos. Y de otro, estamos ante la actitud de una determinada Administración Pública que, parapetándose en posiciones muy discutibles desde el punto de vista del Derecho y de la Ética, trata de sortear no sólo los mandatos constitucionales sino también  leyes tan significativas como es el Estatuto Básico del Empleado Público en un asunto tan de actualidad como es el de los funcionarios interinos, uno de los grandes temas de nuestra Función Pública actual.

Vicente González-Haba

Ex Consejero Técnico de la Subdirección General de Función Pública Local, de la Dirección General de la Función Pública de la Administración del Estado.

Los funcionarios hacemos que los servicios públicos funcionen

La actual crisis ha creado un importantísimo clima de desconcierto a la población en general planteándose preguntas como:

-¿Por qué después de 30 años trabajando en la misma empresa, esta, que parecía la más estable del mundo, quiebra y me quedo en el paro?

– ¿Por qué antes era tan fácil conseguir créditos y ahora las entidades financieras no conceden ninguno?

– ¿Por qué cada vez veo más rebajadas las ayudas y los servicios públicos que me prestaba la administración?

– Y sobre todo ¿“qué he hecho para merecer esto”?

Desde luego que nada. Y es en esta situación que lógicamente los ciudadanos nos preguntamos de quién ha sido la culpa: ¿de las entidades financieras? ¿del sector empresarial?, ¿de la clase política?

En mi opinión, de los tres. Los primeros para mi han sido los auténticos causantes, dando préstamos de muchísimo riesgo (sin garantía clara de devolución), tanto a empresas como a particulares. Los segundos, dependiendo del sector han tenido mayor o menor culpa, especialmente en el caso de las constructoras que prefirieron vivir el día a día y no hacer previsiones para lo que, ellos sabían perfectamente, se avecinaba. Y desde luego la clase política por permitirles absolutamente todo (incluidas las malas prácticas)  a las entidades financieras (ah! por cierto, ahora ya no se lo permiten,… quizá un poquito tarde ¿no?) y al sector empresarial especialmente el inmobiliario.

A mí como funcionario, lo que me preocupa es que nos confundan con la clase política, es decir con unos de los causantes de esta situación, que  por culpa de preocuparse más por su silla y su partido, que por tomar medidas a tiempo contra el sector financiero y el empresarial, estamos en esta situación económica tan grave. Y no prever ni reconocer la crisis que se nos avecinaba, hasta que la tuvimos justo encima y no se pudieron tomar medidas a tiempo, que no la hubieran evitado pero sí que no hubiera sido tan virulenta.

Ahora el mensaje es que la crisis la hemos de pagar entre todos. Oye, que la pague quien la haya provocado!!!,  pero claro, esto es pura falacia. Pero bueno, da igual, colaboremos, evidentemente los funcionarios también. Estoy convencido que si esto sirve para solucionar la crisis, ningún funcionario se quejaría.

No obstante, cuando al principio, yo mismo me quejé que me redujeran el sueldo un 8% hubo quien me censuró y me dijo que no me quejara que yo no me quedaría sin trabajo nunca, ya que era un “funcionario enchufado”. Bueno, aquí sí que ya me enfadé, pero no con él, con los tres culpables de la crisis (los primeros los políticos), que ya les va bien que la ciudadanía tenga esta visión de nosotros.

Pues bien, los funcionarios, jamás podemos ser unos “enchufados” puesto que para serlo hay que aprobar unas oposiciones y demostrar nuestro “mérito y capacidad”. Ah! por cierto (le dije a quien me censuró) tu también puedes serlo, prepárate, estudia, esfuérzate y podrás también ser tan “enchufado” como yo, con un trabajo fijo para toda la vida.

Por otro lado, tengo que decir que tengo un hermano gemelo que después de trabajar 24 años en una multinacional de la construcción, hace 4 meses lo despidieron. Cuando me lo comentó, me dijo: “tu no te mereces ni que te bajen el sueldo, ya que yo escogí libremente trabajar en el sector privado para ganar más dinero, en cambio tu escogiste la estabilidad, aunque con un sueldo más bajo, aprobando todas las oposiciones a las que te has presentado (auxiliar administrativo, administrativo  y cuerpo de gestión), y estudiando muchísimo, cosa que yo no estaba dispuesto a hacer.”

Los funcionarios somos personas con espíritu de servicio a la ciudadanía (y así tiene que ser), hemos escogido un trabajo que es estar al servicio de las personas. Pero ya no  solo tienen este espíritu de servicio los funcionarios que tienen relación directa con esta ciudadanía (policías, enfermeras/ros, bomberos/ras, agentes rurales, etc.) sino también el personal de administración (administrativos y técnicos) que aunque no estemos tan directamente relacionándonos con los ciudadanos, sí que sabemos que de alguna manera también trabajamos para ellos y esto nos motiva igualmente muchísimo.

Por tanto que nadie se confunda, los funcionarios somos las personas que trabajamos en la administración (estatal, autonómica o local) y que hacemos que, directa o indirectamente, los servicios públicos funcionen. No obstante, tenemos que trabajar según la planificación, normas y leyes impuestas por los políticos. Aunque en todo caso siempre pondremos nuestro granito de arena y nuestra vocación de servicio a disposición de la sociedad.

 

Carlos Rubio Miralta

Técnico de Gestión del departamento de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

¿Toda crisis es una oportunidad?

Si a lo largo de 2011 y 2012 no se producen importantes cambios políticos que socaven el principio de inamovilidad en el desempeño del puesto de trabajo de los empleados públicos, no será porque no se haya amagado con su implantación y adoptadas las primeras disposiciones en dicha dirección desde la reforma de junio de 2010 de las retribuciones del conjunto de los empleados públicos.

Sin embargo, las normas que han supuesto una agresión para la consolidación y crecimiento de las plantillas públicas no comenzaron cuando la crisis se ha recrudecido sino mucho antes: la situación de bonanza económica estaba conllevando amortizaciones de plazas de funcionarios con tasas de reposición que no alcanzaban la del personal que se estaba jubilando para algunos servicios incluso desde 2005.

Entonces habría que preguntarse dónde está la hipertrofia de personal de las administraciones públicas que se presenta como responsable de la imposible  gestión presupuestaria inversora de los gobiernos central y autonómicos. Precisamente cuando Europa se está cuestionando el alcance y falta de sentido de la inversión en nuestro país los últimos años, en modo alguno compartida por los supuestos gestores técnicos públicos, los empleados con responsabilidad técnica.

Y la respuesta a la pregunta es sencilla.

Se encuentra en la privatización generalizada de determinadas funciones y servicios públicos así como del conjunto de actividades empresariales que ha llevado el denominado “sector público” que se arrastra desde los años 80 y normalmente liderada por los supuestos defensores de lo público en los sucesivos gobiernos.

Y no voy a proseguir por mencionar que la privatización lo haya sido introduciendo al sector privado en ámbitos como el urbanismo (agente urbanizador), sanidad y educación (siempre han existido los más que discutibles conciertos que distan de formar parte de una mínima cultura común europea) o dependencia, que también. Sino que me refiero a la privatización a través de la prestación directa de servicios por sociedades públicas de responsabilidad limitada.

Cuantos puestos de trabajo se hayan creado de modo directo por las mismas en los últimos años, es cuestión que puede ser de modo sencillo conocida. En todo caso, lo han sido eludiendo los procedimientos selectivos, la transparencia y la publicidad como no han podido hacerlo en otros ámbitos como la contratación, dado que en ellos eran otros empresarios los damnificados.

Cuántos hayan destruido y “devuelto” por los gestores públicos políticos para su prestación por empleados públicos es fácil de responder en esta fecha cercana a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Ha tendido a ser cero.

Sin embargo, dichas sociedades han dejado de tener facturación en muchos casos (las urbanísticas ya no producen naves ni suelos pues no tienen mercado) o prestan servicios que no son imprescindibles sino meras actividades mercantiles como las orientadas al mercado del ocio o al mercado audiovisual.

Por tanto, parece que no se han depurado las responsabilidades de los gestores privados y políticos de dichas sociedades de no incurrir en beneficios. O eran empresas formadas para “aprovechar el ciclo” pero que siguen existiendo sin ser liquidadas. Sin embargo, se presenta por esos mismos gestores que las mantienen sin actividad económica a los empleados públicos como faltos de productividad.

Todo lo contrario. Debería analizarse la supervivencia de las empresas públicas necesarias pero devolver las funciones públicas a los órganos de donde nunca debieron salir por ser más garantes de la publicidad y la transparencia.

A los que se les deben exigir responsabilidades con una correcta dotación de los medios de trabajo a su alcance. Con el interés que se ha tenido en dotar suficientemente a aquellas empresas al menos. Lo que requiere reforzar las plantillas y dotarlas de personal verdaderamente imparcial, independiente y sin presunta o real filiación política.

Es el camino exactamente contrario al transitado en el Estado español en los momentos de crecimiento económico. Es el camino que sí provocaría un gesto real de confianza a los propietarios de la deuda de las administraciones españolas. Dado que sería sinónimo de una recuperación del poder político de la verdadera gestión del conjunto de la economía de nuestro país.

Luis Iribarren

Técnico de Gestión del ayuntamiento de Villanueva de Gállego

El orgullo de ser funcionario en un gran equipo

Soy funcionaria de la Comunidad de Madrid, prestando servicios en el Área de Protección del menor y mi labor es administrativa, formando parte de un equipo formado por trabajadores sociales, psicólogos y administrativos, del que me siento orgullosa y al cual admiro, por la labor que realizan tan importante y con tanta responsabilidad.

Se dicen muchas cosas del funcionario público, cosas que no se ajustan a la realidad y que se dicen de forma gratuita: “funcionario vago, impersonal, que viven del cuento…etc”. Pues bien, para formar parte de la Administración, hay que hacer una serie de pruebas muy duras, que se consiguen con mucho tiempo de preparación, durante el cual, se pierden muchas cosas y que no siempre obtiene la recompensa a tanto esfuerzo. El sueldo que un empleado público gana, no se corresponde en muchísimas ocasiones con la responsabilidad que tiene y aquí, es donde quiero decir que donde yo ejerzo “mi función pública”, trabajamos desde la urgencia, con unos plazos muy limitados dentro de los cuales hay que tomar decisiones sobre menores que necesitan protección. Se valoran todos los aspectos de la vida del menor, de sus familias, normalmente muy desestructuradas y es de tanta responsabilidad esta labor, que donde yo trabajo los profesionales están tan implicados que no “miran el reloj o se les cae el boli” como tantas veces se dice, que cuando por cuestiones políticas no se reconoce su labor e incluso resulta obstaculizada, aquí se sigue trabajando con entrega máxima y de forma desinteresada, porque aquí lo más importante son los niños.

Tenemos la gran suerte de contar con una persona que dirige el equipo con una calidad profesional y humana tal, que hace que nunca perdamos la ilusión y sepamos para quién estamos trabajando.

Por ello quiero hacer un reconocimiento a todos los profesionales que se dedican a este tema, porque no están valorados, ni mucho menos, para el esfuerzo diario y la responsabilidad que tienen.

Mª del Carmen Gil Sánchez

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

La modernización de los servicios públicos: las pensiones de la Seguridad Social

El mundo está lleno de tópicos y los funcionarios no somos la excepción. Al igual que en el resto de las cosas, cuando se habla del sector público con frecuencia se falsea la realidad, se manejan conceptos puramente politizados y se muestra a un sector privado siempre eficaz en la medida en que se gana dinero, frente al sector público con ineficaz y se obvian los servicios que presta.

A  pesar de  lo expuesto  hay  avances  muy importantes. En 25 años, periodo que abarca mi  trayectoria  profesional,  la  evolución  que  ha experimentado el  INSS, entidad en la que trabajo, dedicada a la gestión en el ámbito  de la protección social, ha logrado que funcione razonablemente bien,  alcanzando  en  algunas parcelas un alto grado de satisfacción entre los asegurados.

Un  ejemplo que  pretende dar mas claridad a lo expuesto: en 1985 el tiempo medio que se empleaba  en  el  reconocimiento  de  la pensión de jubilación  era  de tres meses, a los que había que añadir entre uno y dos meses para  materializar  su cobro, en la mayoría de los casos mediante recibo en ventanilla   lo   que   obligaba  al  pensionista  a  desplazarse;  en  las prestaciones  de  invalidez el plazo de resolución era de más de 6 meses, a la  situación  ya de por si sensible que padecen las personas incapacitadas había que añadir un largo periodo de tiempo para percibir sus prestaciones. La  capacidad  de  respuesta  era  de  un 80%, lo que generaba una bolsa de 200.000 expedientes anuales.

La situación actual es diametralmente distinta, el plazo de resolución  media en las prestaciones de jubilación y viudedad es de 7 días y  en  las prestaciones de incapacidad permanente es de 50 días, periodo en el cual y en la mayoría de los casos el incapacitado se encuentra protegido por  prestaciones por incapacidad temporal. La capacidad de repuesta es del 100% y el pago se reduce al tiempo necesario para ordenar una transferencia bancaria, tramite que se realiza diariamente.

Todo esto se ha conseguido escuchando las recomendaciones de la Unión Europea, con una actitud  responsable de los gestores y con dedicación implicación  y  responsabilidad  de los trabajadores. Las medidas adoptadas abarcan desde la simplificación normativa (mas de 3000 circulares en 1980), simplificación de los procedimientos, en alguna prestación de supervivencia se exigían hasta  diez documentos, hoy dos, mejora de las instalaciones, formación  continua  de los  trabajadores, organización y modernización de métodos de trabajo.

 

Se  ha  evolucionado desde el  simple  reparto de tareas a un nuevo modelo de gestión, utilizando en  parte la  experiencia de la empresa privada,  basado en la planificación y consecución de objetivos y reducción de costes económicos, principalmente en gastos de gestión.

En  resumen una administración recta y prudente del bien común, que redunda en beneficio de los ciudadanos.

 Luis Antonio Iglesias

Instituto Nacional de la Seguridad Social

EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Cuando hablamos de nuestro trabajo yo siempre me pregunto ¿Cómo has llegado a ocupar el puesto que ocupas? Los funcionarios habitualmente somos objeto de la crítica fácil: nos acusan de que trabajamos poco o nada, de que trabajamos mal, de que no somos productivos, etc. No voy a contestar ahora a dichas objeciones. El objeto de esta nota es otro. No pretendo denostar ahora a todos aquellos que no son funcionarios pero sí quiero apuntar una cuestión esencial: la oposición como garantía de preparación para el trabajo. Con todas las pegas, inconvenientes, miserias y perversiones en su uso, la oposición sigue siendo el modo más objetivo y “justo” de acceso a un trabajo y, además, es una garantía de capacitación del que accede. Parafraseando a Churchill diría que la oposición en el modo menos malo de obtener un puesto de trabajo.

El que se presenta a una oposición no puede abandonarse a la suerte, tampoco puede esgrimir su aspecto físico envidiable o alegar que sus progenitores ocupan una determinada posición social. El único valor que puede utilizar el que pretenda ser funcionario es su preparación, es decir, su mérito y su capacidad. Y podría añadir que el nivel de preparación que se exige para acceder a la Función Pública no es generalmente el que se exige fuera de ella.

Muchos piensan que  cada gobierno “coloca” a sus seguidores. Eso no es cierto y lo saben los que en cada oposición logran superarla. No niego como tampoco afirmo que el sistema tenga sus fisuras, pero al menos me queda el consuelo de que si el proceso de oposición es adulterado podemos recurrir al amparo de los tribunales, como así ha sucedido el múltiples ocasiones. La proximidad personal al opositor me permite afirmar que por regla general acceden los más preparados. Puede haber un cierto elemento “suerte” pero éste es extraordinario. Es cierto que no pueden acceder todos los aspirantes a la vez pero, tarde o temprano, el que está preparado suele superar la oposición. Es cuestión de perseverar en ello.

Los que accedemos de forma objetiva a la Función Pública debemos estar orgullosos de ello. No se nos regala nada sino que nos lo hemos ganado a pulso. A veces, como sucede en estos tiempos revueltos, parece que debemos disculparnos por ello. ¡Pues no! Me niego a hacerlo. Lo que he ganado con esfuerzo no puede ser denostado socialmente. Faltaría más.

Ferran Bargues Estellés 

Abogado de la Generalitat valenciana