Intervención en Asamblea de FEDECA

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miércoles, 18 de julio de 2012

He preparado una intervención para la Asamblea General Extraordinaria que celebra FEDECA el jueves 19 de julio, a las 18:00 en el Ateneo de Madrid. No sé si me atreveré a leerla. Por si acaso, aquí la dejo, no se vaya a echar a perder.
(Actualizado el 19 de julio, incluyendo algunos cambios y algunas sugerencias de compañeros, justo en el momento de imprimirlo para llevarlo al Ateneo).

Buenas tardes.

Mi nombre es Manuel de Lucas. Presto mis servicios en la Subdirección General de Explotación y Gestión de Red de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y pertenezco a la Asociación del Cuerpo de ICCP del Estado desde que aprobé la oposición en la Oferta de Empleo Público del año 2006.

Agradezco a FEDECA la dureza que está imprimiendo a sus últimos comunicados. Desde mi punto de vista, es un paso en la dirección correcta. Aunque considero que hemos llegado a un punto de no retorno en el que hemos de luchar no sólo en los despachos, sino también en la calle. Por ello, agradezco a muchos de los compañeros de los Cuerpos Superiores la solidaridad y el apoyo a las convocatorias de movilización social que se vienen produciendo desde el jueves pasado, y que hoy ofrecen una importante cita a las 20:30 en la plaza de Neptuno.

Comparto con todos los presentes la indignación por el maltrato a que somos sometidos desde hace mucho tiempo los trabajadores públicos de este país. Percibo de manera muy clara el descrédito hacia nuestra profesión que el establishment político y económico está trasladando a la opinión pública. Creo que esta estrategia es el resultado de un plan muy pensado: debilitar a la administración pública cada vez más, para paulatinamente exterminarla y privatizar el país. La Administración es la última frontera que tienen que vencer para mover los hilos. Y los que estamos aquí sabemos muy bien que, cuando el Gobierno proporciona a la Administración unos objetivos claros, y le dota de los recursos adecuados, la Administración es mucho más eficiente y eficaz que la empresa privada. Otra cosa es que existen intereses muy poderosos que actúan en contra de la Administración.  Sigue leyendo

El sindicato CSIF solicita la consideración de la Administración Penitenciaria como servicio esencial y básico para la sociedad

El sindicato CSIF, Instituciones Penitencias, ha presentado el 23 de febrero de 2012 un escrito dirigido al Ministro del Interior solicitando la inclusión en la Oferta de Empleo Público para el año 2012 de plazas para personal de la Administración Penitenciaria, además de solicitar contratación de personal temporal o de funcionarios interinos, para que garanticen el funcionamiento de los Centros Penitenciarios.

En el siguiente enlace pueden leer el texto completo de este escrito.

>> Tasa de reposición

El funcionario ante el Código Penal

En el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el ex presidente de la Generalitat valenciana D. Francisco Camps el abogado de la defensa, cuando ha interrogado a algún alto cargo, ha puesto énfasis en destacar que, además de tal condición, el testigo en cuestión era  funcionario público ¿por qué tal interés? En un proceso judicial con Jurado tal vez el letrado ha considerado que el testimonio de un testigo, si este es funcionario, reviste mayor veracidad que si no lo es. Supongo que esto es lo que piensa el letrado o, al menos, piensa que eso es lo que piensan los miembros del Jurado. En un país en el que constantemente se nos está cuestionando este parecer es muy esperanzador pero para los que formamos parte de la función pública, ¿esto también es así? Supongo que habrá distintas opiniones al respecto.

Quiero en esta líneas hacer un poco de autocrítica en relación con la escalada de conductas reprobables, algunas penalmente, que estamos presenciando en nuestras administraciones públicas. Supuestamente, los funcionarios (y funcionarias)  estamos, entre otras cosas, para hacer que la ley se cumpla. Cuando nuestra Constitución dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y está sometida a la ley y al Derecho no está pensando en un ente abstracto sino en quienes actúan en su nombre. Es el personal al servicio de la Administración el que ha de actuar con objetividad y el que está sometido a la ley y al Derecho. Y especialmente somos los funcionarios los que debemos tener presente estas reglas porque nosotros no estamos de paso, no hemos ingresado en la función pública para satisfacer intereses que pueden ser espurios sino para satisfacer los intereses generales. Ante cualquier tentación partidista o no partidista que se desvíe de esos intereses generales nosotros debemos actuar con responsabilidad. No en el peor de los casos, puede suceder que, tras un cambio de gobierno a fin de no ser tachados de hostiles empezamos admitiendo pequeñas  desviaciones o irregularidades que con el tiempo se convierten en normales. Pasan a formar parte de la normalidad y ya ni siquiera consideramos que sean irregularidades. Al final la suma de esas pequeñas acciones se convierten en algo insostenible y acaban por estallar. Es entonces cuando nos planteamos si no nos habremos excedido, si no habremos realizado alguna acción que pudiera ser reprobada, incluso, penalmente.

No podemos ser cómplices de ninguna tropelía, por pequeña que esta sea o parezca, porque al final perdemos todos. Nuestra función requiere cumplir la legalidad, aunque esta no nos guste, pero esas son las reglas del juego. Pero no podemos confundir la legalidad fijada democráticamente por un Parlamento con las acciones jurídicamente perversas de algún funcionario o autoridad. Debemos tener muy en cuenta la ley, y muy especialmente el Código Penal.

En dicho Código hay un  Título específico dentro del Libro II (el XIX) dedicado a los delitos contra la Administración pública: prevaricación,  cohecho, etc. Quiero llamar la atención con el tipo penal previsto en el artículo 436: “La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública… se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.” El tipo no se refiere solo al que dicte la resolución de adjudicación del contrato sino también a cualquier funcionario que intervenga en el procedimiento de contratación, tal vez en la Mesa de Contratación o realizando algún informe técnico. Si cito este caso es porque la contratación es uno de los ámbitos que más están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Desde luego que debemos tener presente estas cuestiones aunque se trate de casos extremos pero creo que nuestro listón no debe llegar ahí. Nuestras acciones no deben tener solo como límite el Código Penal, no podemos hacer todo aquello que no esté sancionado penalmente  sino que el marco de nuestros actos debe ser el ordenamiento jurídico. Tal vez estas consideraciones sean obvias, desde luego que lo son, pero no está de más recordarlas.

La nuestra es una función garantista y no cumplimos con ella si no somos estrictos en nuestro trabajo. Y no se trata de no hacer lo que no es debido sino también de no consentir en los demás las acciones reprobables. Ya sé que esto es más difícil pero siempre hay cauces para lograrlo. Tal vez sea un poco ingenuo, pero creo que los funcionarios somos uno de los pilares del estado de derecho y si nos dejamos manipular y no cumplimos con nuestro deber lo ponemos en peligro.

Hagámonos de valer y así cuando se nos pida opinión será una opinión a tener en cuenta y si por alguna eventualidad tenemos que ser testigos en un proceso penal que la condición de funcionario sea garantía de veracidad. De este modo daremos la razón al abogado defensor del Sr. Camps cuando preguntaba al testigo si era funcionario público.

Ferran Bargues Estellés

Abogado de la Generalitat valenciana

SER FUNCIONARIO

Un funcionario o empleado público es aquel trabajador/a que desempeña sus funciones en la Administración Pública. Además es una persona que ha conseguido el puesto a base de muchos esfuerzos.

Cuando les digo a alguien que trabajo en la Administración pública, el primer comentario que escucho es: quién te ha metido allí. Cómo si una persona no pudiera llegar a ser funcionario por méritos propios. Otros comentarios que he escuchado es que tenemos muchas vacaciones (tenemos 30 días como los empleados de la empresa privada), que nunca estamos en nuestro puesto de trabajo, que incumplimos nuestro horario, etc… Hay gente amable y eficiente, sin embargo, tenemos esa minoría de malos profesionales que hace que los empleados públicos tengamos mala fama.

Cuando la situación económica era buena, nadie se acordaba de “los privilegios que supuestamente tenemos los funcionarios”, y a la hora de pactar la subida salarial nunca nos han subido el sueldo el 5%. En cambio, cuando hay crisis, todos se acuerdan de nosotros y nos bajan el sueldo el 5%. La mayoría de los funcionarios  NO cobramos un “super sueldo” como muchos creen.

Yo estoy trabajando en la Administración pública desde el año 1995, primero como suplente, a partir del 2001 como interina y desde el 2006 tengo plaza fija, después de haber aprobado las correspondientes oposiciones. Es verdad que tenemos más estabilidad laboral, pero puedo asegurar, que lo he conseguido a base de mucho esfuerzo y  que nadie me ha regalado nada, sacrificando en algunos momentos mi vida familiar.

Carmen Morata Gálvez

Auxiliar Administrativa

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

Cambios en el sector público: coyunturales o estructurales

Desde hace ya un tiempo es tema de debate la reordenación del sector público. El debate fundamental pero, ya no es la motivación de esta reordenación, que, a todas luces, es inevitable, desde la imposición en los países de nuestro entorno del modelo del Estado Relacional, como eje de la relaciones entre Política y Administración y, consiguientemente entre el sector público y el sector privado, sino de cómo debemos abordarla.

 ¿Debemos afrontar cambios coyunturales o estructurales?

Sin lugar a dudas, el sector público sólo se le puede entender como el garante del interés general; otra cosa es como puede garantizar este interés general y aquí creo que está el tema del debate.

Evidentemente la crisis generalizada que caracteriza la vida de nuestros días es responsable de una sobredimensión y aceleración de este debate. Esta situación es una gran tentación para los partidarios de afrontar los cambios del sector público desde una perspectiva populista y completamente encauzada en la actual coyuntura económica.

A la práctica la crisis les está allanando el camino para identificar el sector público, personalizado en el funcionario, como un problema de la sociedad más que como una herramienta indispensable para resolver los problemas de la sociedad, pues en muchas ocasiones identifican el sector público con el funcionario que trabaja en una oficina, sin horario definido, con desayunos inaplazables e interminables, con una estabilidad laboral a prueba de seísmos, con un sueldo inmerecido, etc.

Olvidan, que estos funcionarios son gente que ha renunciado a muchas cosas para superar las pruebas de acceso, que ficha, que desayuna si puede por no citar a ciertos colectivos que cuando se habla de funcionarios parece que no cuenten. ¿O no son también funcionarios los médicos que nos atienden,  los maestros y profesores que educan, sí, digo educan cuando en realidad sólo deberían enseñar, a nuestros hijos o al personal administrativo que gestionará la prestación que puedas recibir en función de tu situación personal?

La imagen del funcionario se ha deteriorado y pocos han salido en nuestra ayuda. En mi opinión éste no es el camino a seguir. No podemos limitar los cambios a pedir que los funcionarios trabajen más horas y cobren menos. Con ello no me opongo, al contrario, creo que es lo deseable, una reordenación del sector público que asegure su sostenibilidad.

Esta reordenación no debe fundamentarse en criterios estrictamente coyunturales sino que debe ir más allá, debe ser una reordenación básicamente funcional del sector público para que pueda acometer la función para la que existe.

El tema es que los cambios introducidos en el sector público durante las últimas décadas no han ido a la misma velocidad de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad, cada día más compleja y con más actores implicados.

Aquí es donde deben incidir los cambios del modelo de actuación del sector público. Quien en la Administración no conoce un servicio, área o departamento, colapsado por el trabajo a desarrollar y poco dotado de medios personales y materiales y, por el contrario, otros servicios, áreas o departamentos, hablemos claro, con poco trabajo y muchos recursos. Esto es lo que se debe cambiar y, no sé que os parecerá a vosotros, pero yo no creo que tengan la culpa de ello los funcionarios.

En definitiva, un cambio estructural del sector público, le permitirá ejercer correctamente su función de garantizar el interés general. Ello pasa por adoptar un modelo más eficiente, transparente y flexible. Si la crisis nos sirve para realizar este cambio en menor tiempo, habremos aprovechado la oportunidad; si sólo nos sirve para reducir la dimensión del sector sin afrontar sus necesarios cambios estructurales, seguiremos igual y habremos dejado escapar, una vez más, otro tren.

Xavier Balagueró

Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya

Yo también soy funcionario

Desde la irrupción de la crisis económica trabajar en la administración pública supone estar doblemente en el centro de la diana mediática. Por un lado por la supuesta seguridad del puesto de trabajo de los funcionarios y por otro lado por el supuesto despilfarro en el mantenimiento de los servicios públicos. En este contexto, los funcionarios venimos siendo vituperados por amplios sectores de la opinión pública. Todos los funcionarios hemos tenido que escuchar los típicos tópicos relativos a los privilegios, a la poca productividad, a la multitud de los que somos y en algunos casos a la falta de profesionalidad. En definitiva comentarios para todos los gustos como si el funcionario se hubiera convertido ya en una pesada carga para toda la sociedad.

Este pogrom indiscriminado y premeditado contra todo lo público sólo puede tener su origen en la intencionalidad por acabar con la función redistributiva del Estado.

Esta visión que he descrito hasta ahora no nos debe hacer olvidar las deficiencias de que adolece la Administración y que tienen que ser erradicadas con políticas reformistas que busquen la excelencia, la proximidad y la participación del ciudadano. También es cierto que se podría analizar la productividad, la motivación y los excesos existentes en amplios sectores de la administración. Pero eso no justifica la campaña descalificadora a que anteriormente hacía referencia.

Me pregunto ¿quién no ha necesitado de los servicios públicos? quien no ha recurrido a los servicios públicos de salud (atención ambulatoria y atención hospitalaria), a los cuerpos de seguridad, etc.  Yo cada día utilizo los transportes públicos para desplazarme, recibo la correspondencia en mi vivienda, recogen la basura de mi edificio, limpian mi barrio, etc.

Por tanto, como resumen a mi reflexión, los funcionarios, sea cual sea nuestro nivel, somos servidores públicos y de eso nos debemos sentir orgullosos.

José Luis García

Institut Català de la Salut

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Cuando pensamos en la Administración Pública se nos viene a la cabeza la Administración del Estado, la Autonómica o bien la Local; pues bien, a parte de ellas se encuentra también la Administración de Justicia, una Administración un tanto olvidada y con muchas peculiaridades respecto al resto. Una Administración, que depende del Ministerio de Justicia, y que dispone de una regulación propia en multitud de materias (procesos selectivos propios; un régimen de permisos, licencias y excedencias propio; un procedimiento disciplinario propio, y otras muchas materias con una regulación exclusiva al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Se trata de una Administración con unas diferencias tan destacadas que incluso a fecha de hoy, y a diferencia de lo que ocurre con el resto de organismos públicos, que actúan al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para poder acceder a la Administración de Justicia es necesario ser mayor de edad; aspecto que parece que va a cambiar en un futuro próximo habida cuenta las noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación, equiparándose en ese aspecto al resto de las Administraciones, y el acceso será a partir de los 16 años.

Pues bien, esas peculiaridades de la Administración de Justicia también se plasman en el día a día del trabajo del funcionario. A diferencia de lo que puede ocurrir en otras Administraciones Públicas, en las que el trabajo del funcionario no deja de ser monótono y sistemático, sin que el trabajador público  pueda explotar todo su potencial y conocimientos que ha demostrado tener después de superar un proceso selectivo, hoy en día, en la Administración de Justicia los funcionarios tienen un gran abanico de competencias y de leyes procesales a aplicar. Así, a modo de ejemplo, un auxilio judicial, lo mismo puede asistir a vistas judiciales, que practicar actos de comunicación (citaciones, emplazamientos, requerimientos o notificaciones), que proceder a embargar bienes o  efectuar lanzamientos (desalojar los ocupantes que no han abonado las rentas debidas). Un tramitador procesal, que es el equivalente a un administrativo en el resto de las Administraciones Públicas, no deja diariamente de aplicar las leyes procesales de las que ha sido examinado en la oposición, debiendo de tener conocimiento de los trámites a aplicar en cada uno de los procedimientos a proveer, y de la variedad de procedimientos existentes en cada una de las jurisdicciones. Finalmente, encontramos la figura del gestor procesal, con funciones muy similares a las del tramitador y con otras exclusivas de dicho cuerpo como documentar embargos o lanzamientos.

Ahora bien, con la aplicación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) parece ser que en la Administración de Justicia se tiende también a la especialización, en el sentido de que se crearán grandes oficinas (Servicios Comunes Procesales) y cada una de ellas se dedicará a realizar un trámite procesal concreto. La NOJ ya ha empezado a funcionar en algunos partidos judiciales como en Burgos, Cáceres, Ciudad Real y Murcia y parece ser que las noticias que llegan no son muy positivas al respecto.  La implantación de la oficina judicial supone una nueva forma de organizar el trabajo de todas las personas que trabajan en la administración de justicia, un nuevo modelo organizativo que rompe con la configuración clásica del antiguo juzgado e impulsa un nuevo modelo de organización y de gestión basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para conseguir que las oficinas judiciales funcionen con agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia. El sistema tradicional de organización en el que cada juzgado o tribunal conoce de un mismo asunto desde su admisión hasta la ejecución de la sentencia desaparece, pues, con la NOJ.

También se habla actualmente de los llamados “Tribunales de Instancia”, lo que supondría la desaparición de los clásicos juzgados y su agrupación en órganos colegiados. Su principal ventaja: incrementar el número de jueces sin crear juzgados, puesto que está claro y nadie discute que es imprescindible incrementar el número de jueces en España, cuya ratio es muy inferior a la que tienen nuestros países vecinos.

Pero para que todo ello se lleve a cabo resulta imprescindible recursos económicos, lo que hoy en día escasea en la Administración Pública, por lo que ya se verá en que quedan todas las reformas implantadas.

Dàrius Ariño Cárdenas

Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales.

FUNCIONARIOS: ¿PERMANENCIA O TEMPORALIDAD?

Hoy en día el funcionariado está en crisis, sí como todo lo demás, pero lo nuestro es sobre todo una crisis de imagen que no se va a recuperar ni con el mejor asesor de los Estados Unidos. Dicen que desde el “Vuelva usted mañana” de don Mariano José Larra, el concepto de funcionario en nuestro país es casi equivalente a un insulto, se trata de un ser poco trabajador, gris, no diligente ni apto para labores productivas, atrapado en un mar de papeles y sellos como nos retrata Franz Kafka en “El proceso”. De hecho, según un tío mío, y dice que todos en el pueblo piensan igual, los funcionarios tendríamos que estar picando piedra a pleno sol, cosa que, válgame el cielo, espero que nunca se pregunte en un referéndum. Triste es comprobar como la única noticia positiva en los últimos tiempos es la futura boda del señor Alfonso Díez con la Duquesa de Alba, que llena páginas de revistas rosas y sitúa a un miembro de nuestro colectivo en un escenario reservado hasta ahora a actores y futbolistas. ¿Cómo defender a los funcionarios ante este panorama?

Pues sí, yo quiero defender a los funcionarios, y en especial a los funcionarios de administración general, y en uno de sus aspectos más controvertidos y criticados en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los funcionarios y el resto de los trabajadores? Esta pregunta solía hacerla  con frecuencia en las clases hasta que una vez uno de los asistentes respondió, “la hora del almuerzo”, bueno amigo le respondí, esos almuerzos de cuchillo y tenedor ya apenas existen, sí, los funcionarios almorzamos pero como la mayoría de trabajadores de este país. ¿Cuál es el motivo entonces de que en los procesos selectivos se presenten cada vez una cantidad ingente de opositores? Pues precisamente una de las características especiales de la condición de funcionario público, es la permanencia, el derecho al cargo que deriva de los principios establecidos en el artículo 103 CE según la doctrina del TC, y que resulta no justificable en la actualidad para la opinión pública. ¿Cómo es posible que cuando las cifras del paro se disparan, no se despidan empleados públicos? ¿Por qué unos trabajadores tienen estos privilegios frente al resto? 

Lejos de ser un privilegio, el derecho al cargo es una garantía para los ciudadanos. Si las funciones públicas las ejercen personas que pueden ser despedidas en cualquier momento la objetividad de sus actuaciones disminuirá notablemente. Cierto es que se puede analizar la productividad, la motivación y los excesos de unos pocos, pero en estos casos la normativa ya prevé un régimen disciplinario que apenas se utiliza. Sin el derecho al cargo, en primer lugar, el funcionario estará más interesado en agradar a su jefe de turno, el político, que en servir de verdad al ciudadano. Claro que en todas las administraciones existe una categoría de funcionarios “cantarines”, aquellos que dedican gran parte de su jornada a loar las grandezas de su superior jerárquico ya sea por la promesa de alguna futura dádiva, ya sea por simple afición, pero bien es verdad que la mayoría de los trabajadores públicos no se venden por un plato de lentejas y actúan conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Si algo no se puede hacer, no se hace, y si vulnera la normativa, no hay que hacer trajes a medida, frase hecha que hoy en día resulta delicado mencionar en alguna autonomía. Son muchos los casos de corrupción que se atajan porque un funcionario dice que no, o porque denuncia actuaciones irregulares. Por otra parte, si yo soy funcionario y sé que mi puesto es temporal, es posible que intente actuar amablemente con empresas del sector privado a las que algún día podría estar llamando a su puerta.

En los países anglosajones, en los cuales no existe el concepto de funcionario permanente, se servían del principio to the victor go the spolis, al vencedor va el botín, o sea el partido político que gobierna obtiene como preciado tesoro el reparto de todos los puestos públicos, práctica llamada spoil system. Este sistema se utilizó hasta que comprobaron que algunas funciones públicas necesitan de un elevado nivel de preparación, y por tanto no se pude escoger a cualquiera sino al mejor. Algunos dirán, pero si el sistema del expolio es el que tenemos en nuestro país, bueno desgraciadamente a veces así lo parece, pero nuestra normativa de función pública reserva determinados puestos a los funcionarios, la designación política queda delimitada en Cataluña para Consellers, altos cargos (secretarios generales y directores generales y asimilados) y el personal de confianza. Es cierto que todos estos cargos suman algunos centenares, curiosamente cada gobierno entrante promete reducir su número pero nunca lo consiguen, pero si tuviésemos un sistema de spoil system, serian decenas de miles, con una merma en la garantía de los ciudadanos a ser tratados con objetividad, incumpliendo uno de los principios más sagrados del servicio público, y con un aumento de los riesgos de actuaciones irregulares o corruptas.

Alejandro Madariaga

Técnico de Investigaciones de la Oficina Antifrau de Catalunya

Somos el estado del bienestar

Creo que todos estamos de acuerdo en señalar que vivimos tiempos convulsos, o incluso extraños, si se me permite la expresión. Y gran parte de la confusión que vivimos actualmente yace, seguramente, en el hecho de que no hay precedentes de una crisis como ésta en la que nos encontramos inmersos.??

Ésta es una crisis singular, ya que no es sólo de carácter económico. Nos hallamos ante una crisis estructural que hace que se estén poniendo en tela de juicio conceptos que se habían considerado intocables en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: por ejemplo, el Estado social, o el Estado del bienestar. Es este modelo de Estado el que garantiza servicios universales a todos los ciudadanos, como por ejemplo la educación, la sanidad, la seguridad pública…??De hecho, las protestas ciudadanas que han ido surgiendo de forma espontánea desde el 15 de mayo muestra el descontento ciudadano ante la amenaza de esos valores que tanto costó consolidar.

Tal como han apuntado ya algunos colegas, no hay que olvidar en ningún momento que hacen falta dos elementos para que este Estado del bienestar siga funcionando: recursos materiales y recursos humanos. Todos tenemos conocimiento de las directrices comunitarias que apuntan a la contención del gasto y de la deuda de los Estados miembros de la Unión Europea, y que el Estado español no es ajeno a estos recortes (menos aún ante el objetivo de evitar un rescate económico). Evidentemente, la mencionada contención y los recortes incidirán de forma directa en nuestro Estado del bienestar: a menos recursos materiales, menos servicios podrá ofrecer la Administración. O incluso: los mismos servicios, pero con menos empleados públicos que puedan atenderlos de forma correcta.??

Sobre el tejado de los empleados públicos recaen grandes responsabilidades, pero también sacrificios que nadie menciona: de todos es sabido que los funcionarios hemos sufrido recortes muy severos, que en muchos casos han ido bastante más allá del 5% que comentaban los diarios. Si se me permite el ejemplo, en el caso de los funcionarios de grupo A, subgrupo A1, la media de reducción de la nómina mensual rondaba el 8%, y la reducción de las pagas extra, el 46%. Y este dato no fue comentado en ningún periódico de corte generalista.

Ante esta perspectiva, pues, los empleados públicos somos más necesarios que nunca. Tenemos que seguir sirviendo al interés general, y en las condiciones laborales y retributivas más duras que muchos de nosotros hayamos conocido dentro de la Administración. Debemos seguir procurando, dentro de nuestras posibilidades, que a pesar de estas condiciones adversas los ciudadanos sigan recibiendo unos servicios públicos de calidad.

Susana Macías 

Funcionaria de carrera de cuerpo superior de la Generalitat de Catalunya

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