Yo me hice funcionario público porque quería cambiar el mundo

Jesús Casas Grande, autor de la tribuna en El Confidencial

“Hace ya más de 30 años, al final de mi formación universitaria, tomé una decisión de la que nunca me he arrepentido. Decidí hacerme funcionario público. Alternativas no me faltaban. Había completado un destacado expediente académico, la propia universidad pretendía que me consagrase a la investigación académica, y diversas grandes empresas me ofrecieron formar parte de sus equipos, incluyendo máster y otras formaciones adicionales.

Y fue precisamente en una reunión con un alto directivo de una de esas empresas, en la que se suponía que iba a firmar un primer contrato, cuando, a la luz de la conversación, amable, cordial, casi de padre a hijo, ambos llegamos a la conclusión de que lo que debería hacer era otra cosa.”

Jesús Casas Grande, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado desde hace 34 años, comienza así esta tribuna en El Confidencial, que puedes leer a continuación:

Yo me hice funcionario público porque quería cambiar el mundo

La Oferta de Empleo Público de 2017 podría ser superior al 100% en Educación, Sanidad y Justicia

Según fuentes sindicales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los sindicatos que la oferta de empleo público prevista para el año 2017 tendrá una tasa de reposición superior al 100% en los sectores de Educación, Sanidad y Justicia. Para el resto de sectores prioritarios la tasa de reposición sería de hasta el 100% y los no prioritarios,  del 50% (al igual que la OPE 2016).

En cuanto al elevado número de interinos en los sectores prioritarios de Educación, Sanidad y Justicia, se quiere reducirla hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, a través de un proceso excepcional.

>> Más información

El acceso al empleo público deberá evaluar las competencias profesionales

El pasado 7 de octubre de 2015 se presentó el “Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad“, elaborado en colaboración de la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), FSC-Inserta y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Con motivo de esta presentación, el directo del INAP, Manuel Arenilla, ha contestado en una entrevista de la publicación semanal de CERMI, que se está planteando en un marco futuro, seleccionar de manera diferente a las personas que accedan al empleo público. Ahora “están basadas en un conocimiento memorístico, y esto supone una barrera, no solo para personas con discapacidad, especialmente cuando es intelectual, sino para otro tipo de personas. Para ello el Libro Blanco propone combinar las pruebas basadas en el conocimiento, con otras que evalúan las competencias profesionales, en este tipo de práctica se basa el éxito en países como Reino Unido y Alemania, y es algo que también ha propuesto la OCDE en un libro que acaba de presentar  sobre cómo mejorar las competencias profesionales en España para conseguir empleos de más calidad.” (Aquí puedes leer la entrevista completa).

>> Leer las propuestas incluidas en el Libro Blanco

 

OEP 2016: Autorización para incluir plazas en todos los sectores

Servicio Público

El Congreso de los Diputados ha recibido el 4 de agosto de 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, donde en el artículo 20 autoriza una Oferta de Empleo Público para la Administración del Estado en todos los sectores.
En los sectores prioritarios la tasa de reposición será del 100% y en el resto de sectores del 50%.

Puedes ampliar la información en la siguiente noticia: OEP 2016: Se autoriza incluir plazas en TODOS los sectores.

Solicitud de recurso de inconstitucionalidad a la Defensora del Pueblo contra las tasas de reposición de efectivos

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-) se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo para solicitarle la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre de 2013), atendiendo con ello la misión constitucional que se le atribuye en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esta Asociación, como ya puso de manifiesto al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales durante la tramitación del Proyecto de Ley, entiende que el citado precepto lesiona el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española y regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

No es posible, a juicio de esta Asociación, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado incluyan en su articulado previsiones directamente contrarias a los preceptos constitucionales –con lesión clara del contenido esencial de un derecho fundamental como es el de acceso a la función pública- y no resulta tampoco admisible que, como resultado de tales previsiones que entienden antijurídicas, se produzca el incremento progresivo de las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas, resultado que permite constatar la inidoneidad de las previsiones de las Leyes de Presupuestos del Estado, pues éstas no limitan su incidencia al volumen de las plantillas de las Administraciones Públicas, sino que están debilitando de manera indebida la profesionalidad de la función pública y comprometiendo gravemente el estatuto propio de los servidores públicos, al impedir para una gran parte de ellos la garantía de la inamovilidad que se corresponde con el deber constitucional de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Por dicho motivo, esta Asociación ha solicitado a la titular de la institución del Defensor del Pueblo que, en ejercicio de su misión constitucional, promueva ante el Tribunal Constitucional un recurso tendente a invalidar el contenido del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales, por resultar contrario a la ordenación constitucional de la función pública.

Igualmente, desde esta Asociación se dirigirán al Justicia de Aragón y al resto de los Defensores del Pueblo autonómicos para que, a la vista de las razones expresadas sobre la improcedencia de las tasas de reposición de efectivos, puedan respaldar ante el Defensor del Pueblo la petición formulada por esta Asociación o, en su caso, instar del Gobierno o Parlamento de su respectiva Comunidad Autónoma la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al afectar a la ordenación propia de su función pública y cercenar el derecho fundamental de acceso a la misma, haciendo uso de la legitimación que les reconoce el artículo 162 de la Constitución Española.

Más información aquí

Luces y sombras de un triunfo frente a la arbitrariedad del Gobierno de Aragón

Hace varios meses informábamos en este blog de que el Gobierno de Aragón tenía 6 meses para aprobar una OEP complementaria a las de 2007 y 2011 (aquí puedes leer el texto de dicha noticia).

Hoy nos hacemos eco de la siguiente noticia publicada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa:

El Gobierno de Aragón aprobó ayer (9 de enero de 2014) un Decreto-ley destinado a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, según lo exigido por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

Frente al escepticismo general –como si nada pudiera hacerse frente a las ilegalidades del poder político- y a la manifiesta hostilidad de diferentes responsables políticos y sindicales –como si defender la legalidad no fuese el proceder natural de cualquier ciudadano o servidor público con convicciones democráticas-, esta Asociación vio ayer culminada una larga batalla jurídica en defensa del derecho de acceso a la función pública, tratando con ello de restaurar una de las notas identificativas de nuestro modelo de Administración Pública, servida por funcionarios profesionales seleccionados conforme a principios de igualdad, publicidad mérito y capacidad y con un estatuto jurídico que contempla la inamovilidad como garantía de su deber de imparcialidad y sujeción a la legalidad.

No queremos minusvalorar la significación de lo logrado –nunca antes se había conseguido modificar la deficiente jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia y tampoco se había forzado a un Gobierno a ajustar sus Ofertas de Empleo Público a la legalidad, corrigiendo su aplicación arbitraria de las normas-, pero tampoco podemos desconocer la anómala ejecución efectuada por parte del Gobierno de Aragón, al que ha faltado la honestidad de reconocer que lo aprobado ayer no es una decisión voluntaria del Gobierno, sino el obligado cumplimiento de un requerimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a petición de esta Asociación, dada la falta de voluntad del Gobierno de Aragón para ejecutar las sentencias judiciales firmes que anularon las Ofertas de 2007 y 2011.

Tampoco el Gobierno de Aragón ha tenido la gallardía de reconocer el papel de esta Asociación en la defensa de la legalidad de la función pública, lo que demuestra una vez más el desdén hacia todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que combaten la arbitrariedad de los poderes públicos. Hemos luchado para reivindicar el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de los ciudadanos, convencidos de que nadie debe tolerar de manera impasible que sus derechos constitucionales se vean ignorados por cualquier poder público, llamados precisamente a preservarlos y garantizarlos. Con el triunfo obtenido nos sentimos recompensados, aunque ni los responsables de función pública de este Gobierno ni grupos políticos ni medios de comunicación valoren el significado y el alto valor de la batalla librada y del logro obtenido. Un triunfo del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad del poder político debiera ser algo a celebrar por todos, pero acaso sea mucho pedir o esperar en una sociedad como la nuestra.

Desconocemos las razones por las que el Gobierno de Aragón ha optado por llevar a cabo la ejecución de las sentencias a través de un Decreto-ley, pero tal opción nos parece injustificada –la tardía ejecución de una sentencia dictada en 2010 por el Tribunal Supremo no parece constituir una razón de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de un Decreto-ley- e improcedente, ya que una ley se ejecuta a través de reglamentos y actos administrativos, y no con otras normas con valor de ley, como es el caso del Decreto-ley. Parece por ello que lo pretendido con el Decreto-ley aprobado no es ejecutar la ley, sino dictar la ley especial para esta ejecución, lo que a primera vista nos parece un completo fraude jurídico.

Pese al indudable logro obtenido, que da por buenos todos los esfuerzos dedicados a esta causa a lo largo de los últimos siete años, no podemos dejar de constatar la grave realidad que viven hoy nuestras Administraciones Públicas en materia de acceso a la función pública –por no aludir a otros muchos aspectos-, y es evidente que la sentencia del Tribunal Supremo obtenida por esta Asociación sobre el alcance del derecho y la obligación de las Administraciones de convocar los procesos selectivos que impone el Estatuto Básico del Empleado Público ha sido totalmente desconocida por los órganos de gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de manera que el incumplimiento generalizado de la ley y la lesión del derecho persiste en el conjunto de nuestras Administraciones.

Por ello, esta Asociación considera que el logro que supone la decisión a que se ha visto forzado el Gobierno de Aragón, al ser el directamente condenado por la sentencia del Tribunal Supremo, es importante y alentador, pero insuficiente, pues no va a evitar que el Gobierno de Aragón reincida en la vulneración del derecho, como de hecho viene sucediendo en los dos últimos años, ni va a ser un dato que vaya a modificar el comportamiento de la Administración General del Estado en su evidente dejación en la garantía de la legislación estatal básica en materia de función pública ni va a acabar tampoco con la irracional técnica de las tasas de reposición de efectivos que año tras año contemplan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, este logro de la Asociación en su batalla jurídica por los derechos de todos los ciudadanos ha de servirnos de estímulo para proseguir en nuevas acciones que nos permitan celebrar en un futuro que el Gobierno respeta el derecho de acceso a la función pública sin necesidad de recursos ni de sentencias, sino por voluntario sometimiento a la ley, algo que debiera ser el comportamiento normal de todo poder público en un Estado de Derecho y que se ha vuelto anómalamente excepcional.

Respeto al derecho de acceso a la función pública municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

Recientemente la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha pedido al Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, una actuación respetuosa con la legalidad de la función pública, y que se proceda a la aprobación de la correspondiente Oferta de Empleo Público, con inclusión en la misma de la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por interinos.

Esta petición se debe a las recientes declaraciones efectuadas por Belloch, en las que se pretende asegurar la continuidad de los funcionarios interinos de la plantilla municipal, en detrimento del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, como exige el artículo 23.2 de la Constitución Española.

En el siguiente enlace puedes leer el texto completo de esta noticia.

>> Petición a Belloch sobre el respeto del derecho de acceso a la función pública municipal

La Comisión Europea reconoce el derecho a la percepción de los trienios del personal interino desde el año 2001

Según ha informado el sindicato UGT, la Comisión Europea ha decidido sancionar a España por negarse a pagar los trienios del personal funcionario interino de todo el estado español con fecha de julio de 2001.

En el siguiente enlace puedes leer la misiva que ha remitido la Secretaría de estado de Administraciones Públicas a las Comunidades Autónomas, en este caso, a la Comunidad Autónoma Valenciana.

La Xunta anuncia una ley que abre las puertas a las privatizaciones en la Administración Autonómica

Según recoge el sindicato CIG, el jueves 4 de abril de 2013, después del Consejo de la Xunta, se anunció el anteproyecto de ley de racionalización del sector público autonómico, como complemento necesario de la ley de Presupuestos Generales para llevar a cabo una política  de privatización de los servicios públicos.

Según este sindicato, la intención es sustituir a los empleados públicos por empresas privadas, ya que al no tener más personal (no va a haber oferta de empleo público, ni poder contratar personal a través de las listas de contratación) y con las amortizaciones de plazas vacantes, derivará en que la Xunta  va a dejar muchos servicios al mínimo y muchos no se van a poder prestar con sus propios recursos. Puedes ampliar esta noticia aquí.

Reacciones de los sindicatos al número de plazas ofertadas en la OEP 2013 para la Administración de Justicia

El Ministerio de Justicia comunicó inicialmente a los sindicatos que habían sido autorizadas 1000 plazas en la OEP de 2013 para la Administración de Justica; finalmente, el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo de 2013, solo autorizó 300 plazas, dejando fuera a los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal.

En los siguientes enlaces puedes ver las reacciones de los sindicatos a la OEP finalmente aprobada:

>> CSI-F

>> CCOO

>> Sindicato de Secretarios Judiciales

>> STAJ