Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la indemnización en los contratos indefinidos no fijos

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de marzo de 2017, establece el derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado, con el límite de doce mensualidades, al extinguirse el contrato de trabajo indefinido no fijo, cuando la extinción se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza.

Personal laboral de Madrid: No reconoce antigüedad en los contratos de trabajo con ruptura vínculo contractual más de 3 meses

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que se declara que no es discriminatorio ni para los trabajadores temporales ni para los eventuales que pasan a ser fijos, el artículo del convenio colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad (periodo 2004-2007) que no computa, a efectos de antigüedad, la prestación de servicios discontinuos si el plazo entre un contrato y el siguiente rebasa los tres meses, computándose en tal caso los servicios posteriores a la última interrupción superior a tres meses.

>> En el siguiente enlace puedes leer la comunicación del Poder Judicial

La limitación de edad para el acceso de agentes de policía que asuman funciones operativas y ejecutivas es conforme al Derecho de la Unión Europea

La sentencia de 15 de noviembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que podrá excluirse a los candidatos mayores de 35 años de un proceso selectivo de agentes de policía que han de asumir funciones operativas y ejecutivas; la Directiva relativa a la igualdad de trato en la ocupación permite la diferencia de trato basada en la edad cuando una característica vinculada a ésta, como la posesión de capacidades físicas específicas, constituya un requisito profesional esencial y determinante.

En relación con este asunto, el Tribunal de Justicia precisa que las funciones desempeñadas por los Cuerpos de Policía (en noviembre de 2014 este mismo Tribunal estableció que era contrario al Derecho de la Unión Europea el límite de edad en la policía local) de las Comunidades Autónomas son distintas de las encomendadas a la Policía Local. Asimismo, el Tribunal de Justicia señala que la escala para la que se organizó el proceso selectivo no desempeña funciones administrativas, para las cuales se organizan otros procesos específicos que no establecen límite de edad.

Derecho a la indemnización de los contratos de interinidad al finalizar su contrato según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016*, reconoce el derecho a recibir indemnización al finalizar el contrato de interinidad de un trabajador, al igual que la perciben los trabajador fijo comparable. Ya que considera que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.

En el Derecho español existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contrato de duración determinada, en la medida en que la indemnización abonada en caso de extinción legal del contrato es de 20 días de salario por año trabajado en el caso de los primeros (art. 53 ET, mientras que se eleva a sólo 12 días de salario por año trabajado para los segundos (art. 49.1.c) ET). Esta desigualdad es aún más evidente en lo que atañe a los trabajadores con contrato de interinidad, a los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa (art. 49.1.c) ET).

*La sentencia se refiere a una trabajadora (cotrato laboral de interinidad) de una Administración Pública (Ministerio de Defensa).

Condenada la DGA a aprobar una Oferta de Empleo Público para el año 2014 en el ámbito de la Administración General

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 23 de marzo de 2016, ha fallado a favor de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-), condenando a la Diputación General de Aragón a que apruebe Oferta de empleo Público correspondiente al año 2014, en el ámbito de la Administración General (más información).

El Gobierno de Aragón deberá ampliar la oferta de empleo público 2015

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante su sentencia de 9 de diciembre de 2015, ha vuelto a declarar no ser conforme a derecho la oferta de empleo público del Gobierno de Aragón, esta vez la oferta de 2015 que fue publicada mediante Decretos 75/2015, 76/2015 y 77/2015 de 5 de mayo, por no incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos, eventuales o personal estatutario interino, dando así la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón.

Más información en la web de la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón.

El Tribunal Constitucional determina la aplicación preferente de la normativa europea no discriminatoria entre trabajadores interinos y fijos

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los “sexenios” por no ser funcionario de carrera (Sentencia del TC de 24 de noviembre de 2015).

El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas.

El “principio de primacía” del derecho de la Unión obligaba, señala el TC, a aplicar la Directiva 1999/70/CE (que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay “razones objetivas”, diferentes a la duración del contrato, que lo justifiquen), tal y como había sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “con preferencia sobre el derecho interno incompatible”. En este caso, además, la aplicación directa de la norma europea no precisaba “de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que se trataba de un acto “aclarado‟ por el propio Tribunal al resolver con anterioridad una cuestión prejudicial “materialmente idéntica‟ planteada en un “asunto análogo’”. Por consiguiente, concluye el Pleno, “la inaplicación de la citada Directiva por la resolución judicial objeto de amparo, sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial, infringió el citado principio de primacía; incurrió, por ello, en una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso; y consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente”.

El Supremo admite a trámite un recurso sobre la oferta de empleo público de 2010 de Aragón

La Asociación para la Defensa de la función Pública aragonesa ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la oferta de empleo Público de 2010. Este recurso ha sido admitido por el Tribunal Supremo, mediante la providencia de 2 de octubre de 2015.

La sentencia recurrida declaró la nulidad del Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la OPE para el año 2010. Sin embargo, no accedió a la petición de que se ordenase a la Administración de la Comunidad Autónoma que se aprobase una oferta de empleo adicional que incluyese todas las plazas ocupadas por interinos indebidamente omitidas en la Oferta aprobada [más información].

El Tribunal Constitucional declara nula la atribución del Registro Civil a los Registradores Mercantiles

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia de 24 de septiembre de 2015, por la que declara nulas las disposiciones adicionales 20ª a 24ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitiviada y la eficiencia, por la que se encomendaba a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza del Registro Civil.

El Pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la disposición adicional 19ª, que alarga de tres a cuatro años la prórroga para la entrada en vigor de la ley del Registro Civil, dada la necesidad de “asegurar el correcto funcionamiento del sistema”. No ocurre lo mismo con las restantes disposiciones adicionales (20ª a 24ª), relativas a la llevanza del Registro Civil, que son declaradas  inconstitucionales y nulas. No existe “justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de  modificar parcialmente el contenido” de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un  periodo de un año, señala la Sentencia al respecto.

El Tribunal General de la Unión Europea anula tres convocatorias al obligar a que la lengua de comunicación con la EPSO sea el alemán, el inglés o el francés

El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia el 24 de septiembre de 2015, en los asuntos T-124/13 Y T-191/13, por las que anula tres procesos de oposición general: EPSO/AST/125/12, con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de asistentes en los ámbitos de auditoría, finanzas y contabilidad y economía y estadística, la convocatoria de oposición general EPSO/AST/126/12, con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de asistentes en los ámbitos de biología, ciencias de la vida y de la salud, química, física y ciencias de los materiales, investigación nuclear, ingeniería civil y mecánica e ingeniería eléctrica y electrónica, y la convocatoria de oposición general EPSO/AD/248/13, con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (AD 6) en los ámbitos de seguridad de los edificios e ingeniería en técnicas especiales de la construcción. La anulación se debe a que las tres convocatorias de oposición obligaban a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua y como lengua de comunicación con la EPSO.

En lo que atañe a la limitación de las lenguas que pueden utilizarse en las comunicaciones entre los candidatos y la EPSO, Italia alega que los ciudadanos europeos tienen derecho a dirigirse a las instituciones de la Unión utilizando cualquiera de las 23 lenguas oficiales y que tienen derecho a recibir las respuestas de las instituciones en la misma lengua. Por consiguiente, afirma que la limitación controvertida supone una discriminación en detrimento de los ciudadanos cuya lengua oficial no es el alemán, el inglés o el francés.
Amplía aquí esta información.