El Tribunal Constitucional determina la aplicación preferente de la normativa europea no discriminatoria entre trabajadores interinos y fijos

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los “sexenios” por no ser funcionario de carrera (Sentencia del TC de 24 de noviembre de 2015).

El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas.

El “principio de primacía” del derecho de la Unión obligaba, señala el TC, a aplicar la Directiva 1999/70/CE (que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay “razones objetivas”, diferentes a la duración del contrato, que lo justifiquen), tal y como había sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “con preferencia sobre el derecho interno incompatible”. En este caso, además, la aplicación directa de la norma europea no precisaba “de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que se trataba de un acto “aclarado‟ por el propio Tribunal al resolver con anterioridad una cuestión prejudicial “materialmente idéntica‟ planteada en un “asunto análogo’”. Por consiguiente, concluye el Pleno, “la inaplicación de la citada Directiva por la resolución judicial objeto de amparo, sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial, infringió el citado principio de primacía; incurrió, por ello, en una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso; y consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente”.