Solicitud de recurso de inconstitucionalidad a la Defensora del Pueblo contra las tasas de reposición de efectivos

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-) se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo para solicitarle la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre de 2013), atendiendo con ello la misión constitucional que se le atribuye en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esta Asociación, como ya puso de manifiesto al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales durante la tramitación del Proyecto de Ley, entiende que el citado precepto lesiona el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española y regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

No es posible, a juicio de esta Asociación, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado incluyan en su articulado previsiones directamente contrarias a los preceptos constitucionales –con lesión clara del contenido esencial de un derecho fundamental como es el de acceso a la función pública- y no resulta tampoco admisible que, como resultado de tales previsiones que entienden antijurídicas, se produzca el incremento progresivo de las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas, resultado que permite constatar la inidoneidad de las previsiones de las Leyes de Presupuestos del Estado, pues éstas no limitan su incidencia al volumen de las plantillas de las Administraciones Públicas, sino que están debilitando de manera indebida la profesionalidad de la función pública y comprometiendo gravemente el estatuto propio de los servidores públicos, al impedir para una gran parte de ellos la garantía de la inamovilidad que se corresponde con el deber constitucional de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Por dicho motivo, esta Asociación ha solicitado a la titular de la institución del Defensor del Pueblo que, en ejercicio de su misión constitucional, promueva ante el Tribunal Constitucional un recurso tendente a invalidar el contenido del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales, por resultar contrario a la ordenación constitucional de la función pública.

Igualmente, desde esta Asociación se dirigirán al Justicia de Aragón y al resto de los Defensores del Pueblo autonómicos para que, a la vista de las razones expresadas sobre la improcedencia de las tasas de reposición de efectivos, puedan respaldar ante el Defensor del Pueblo la petición formulada por esta Asociación o, en su caso, instar del Gobierno o Parlamento de su respectiva Comunidad Autónoma la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al afectar a la ordenación propia de su función pública y cercenar el derecho fundamental de acceso a la misma, haciendo uso de la legitimación que les reconoce el artículo 162 de la Constitución Española.

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