El funcionario ante el Código Penal

En el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el ex presidente de la Generalitat valenciana D. Francisco Camps el abogado de la defensa, cuando ha interrogado a algún alto cargo, ha puesto énfasis en destacar que, además de tal condición, el testigo en cuestión era  funcionario público ¿por qué tal interés? En un proceso judicial con Jurado tal vez el letrado ha considerado que el testimonio de un testigo, si este es funcionario, reviste mayor veracidad que si no lo es. Supongo que esto es lo que piensa el letrado o, al menos, piensa que eso es lo que piensan los miembros del Jurado. En un país en el que constantemente se nos está cuestionando este parecer es muy esperanzador pero para los que formamos parte de la función pública, ¿esto también es así? Supongo que habrá distintas opiniones al respecto.

Quiero en esta líneas hacer un poco de autocrítica en relación con la escalada de conductas reprobables, algunas penalmente, que estamos presenciando en nuestras administraciones públicas. Supuestamente, los funcionarios (y funcionarias)  estamos, entre otras cosas, para hacer que la ley se cumpla. Cuando nuestra Constitución dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y está sometida a la ley y al Derecho no está pensando en un ente abstracto sino en quienes actúan en su nombre. Es el personal al servicio de la Administración el que ha de actuar con objetividad y el que está sometido a la ley y al Derecho. Y especialmente somos los funcionarios los que debemos tener presente estas reglas porque nosotros no estamos de paso, no hemos ingresado en la función pública para satisfacer intereses que pueden ser espurios sino para satisfacer los intereses generales. Ante cualquier tentación partidista o no partidista que se desvíe de esos intereses generales nosotros debemos actuar con responsabilidad. No en el peor de los casos, puede suceder que, tras un cambio de gobierno a fin de no ser tachados de hostiles empezamos admitiendo pequeñas  desviaciones o irregularidades que con el tiempo se convierten en normales. Pasan a formar parte de la normalidad y ya ni siquiera consideramos que sean irregularidades. Al final la suma de esas pequeñas acciones se convierten en algo insostenible y acaban por estallar. Es entonces cuando nos planteamos si no nos habremos excedido, si no habremos realizado alguna acción que pudiera ser reprobada, incluso, penalmente.

No podemos ser cómplices de ninguna tropelía, por pequeña que esta sea o parezca, porque al final perdemos todos. Nuestra función requiere cumplir la legalidad, aunque esta no nos guste, pero esas son las reglas del juego. Pero no podemos confundir la legalidad fijada democráticamente por un Parlamento con las acciones jurídicamente perversas de algún funcionario o autoridad. Debemos tener muy en cuenta la ley, y muy especialmente el Código Penal.

En dicho Código hay un  Título específico dentro del Libro II (el XIX) dedicado a los delitos contra la Administración pública: prevaricación,  cohecho, etc. Quiero llamar la atención con el tipo penal previsto en el artículo 436: “La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública… se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.” El tipo no se refiere solo al que dicte la resolución de adjudicación del contrato sino también a cualquier funcionario que intervenga en el procedimiento de contratación, tal vez en la Mesa de Contratación o realizando algún informe técnico. Si cito este caso es porque la contratación es uno de los ámbitos que más están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Desde luego que debemos tener presente estas cuestiones aunque se trate de casos extremos pero creo que nuestro listón no debe llegar ahí. Nuestras acciones no deben tener solo como límite el Código Penal, no podemos hacer todo aquello que no esté sancionado penalmente  sino que el marco de nuestros actos debe ser el ordenamiento jurídico. Tal vez estas consideraciones sean obvias, desde luego que lo son, pero no está de más recordarlas.

La nuestra es una función garantista y no cumplimos con ella si no somos estrictos en nuestro trabajo. Y no se trata de no hacer lo que no es debido sino también de no consentir en los demás las acciones reprobables. Ya sé que esto es más difícil pero siempre hay cauces para lograrlo. Tal vez sea un poco ingenuo, pero creo que los funcionarios somos uno de los pilares del estado de derecho y si nos dejamos manipular y no cumplimos con nuestro deber lo ponemos en peligro.

Hagámonos de valer y así cuando se nos pida opinión será una opinión a tener en cuenta y si por alguna eventualidad tenemos que ser testigos en un proceso penal que la condición de funcionario sea garantía de veracidad. De este modo daremos la razón al abogado defensor del Sr. Camps cuando preguntaba al testigo si era funcionario público.

Ferran Bargues Estellés

Abogado de la Generalitat valenciana