EL DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE INCLUIR EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO LAS PLAZAS VACANTES OCUPADAS POR PERSONAL INTERINO O TEMPORAL

Desde C.E. Adams queremos dar traslado de un importante y trascendente Informe elaborado por el profesor Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Comisión de Expertos para la preparación del Estatuto Básico del Empleado Público (informe difundido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón), en el que se analiza el deber de las Administraciones Públicas de incluir en la oferta de empleo público las plazas vacantes ocupadas por personal interino o temporal y publicar en plazo las correspondientes convocatorias de selección.

Las Administraciones Públicas, según el citado informe, están inexcusablemente obligadas a incluir en las ofertas de empleo público que aprueben -y que deben aprobar anualmente- todas las plazas vacantes de plantilla que estén provisionalmente desempeñadas por funcionarios interinos o personal laboral no fijo, de modo que el incumplimiento de dicho deber no sólo supone una infracción de la legalidad vigente, sino una violación del derecho fundamental a acceder a los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, que sanciona el artículo 23.2 de la Constitución. Por ello, afirma el profesor Sánchez Morón, “es necesario poner fin a la actitud de pasividad que mantienen no pocas Administraciones Públicas, que por inercia, negligencia, horror al conflicto u otras causas no publican con la periodicidad debida las ofertas de empleo público o no incluyen en ellas todas las vacantes no amortizables y que deben incluirse legalmente, o bien no aprueban ni publican todas las convocatorias de selección para las plazas previamente ofertadas“.

Puede leerse el informe completo en el siguiente enlace. 

TEMAS CLAVE del informe elaborado por Miguel Sánchez Morón:

 

  • El “abuso de interinidades” ha tenido como resultado convertir en habitual una práctica que debería ser excepcional. El cese del personal interino o temporal debe producirse cuando finalice la situación transitoria que dio lugar a su nombramiento.

 

  • En el fondo, se trata de respetar normas esenciales de garantía de los principios de acceso a la función pública que están inscritos en la propia Constitución: el principio de igualdad, que tiene rango de derecho fundamental, y los principios de mérito y capacidad.

 

  • La jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como la del Supremo ha recelado siempre de la prolongación de las situaciones de interinidad y ha procurado incluso poner límite a las ventajas que comporta de cara al acceso a la función pública de carrera.

 

  • El mayor número de interinos o temporales está en la Administración Local y Comunidades Autónomas, que tienen mayor porcentaje que la Administración del Estado, donde el empleado público es mayoritariamente funcionario.

 

  • A pesar de la claridad del marco legal existente, puede constatarse un sustancial incumplimiento de la obligación del deber de las Administraciones Públicas de incluir en la oferta de empleo público de cada año las plazas vacantes ocupadas por interinos o personal temporal que no hayan de ser amortizadas.

 

  • El incumplimiento es consciente. Ni siquiera cabe la excusa de la crisis económica, puesto que de lo que se trata no es de mantener plazas vacantes que sobran o deben ser objeto de amortización por razones presupuestarias, sino de que las plazas que se mantengan sean desempeñadas por funcionarios de carrera o personal fijo como legalmente corresponde, y no por personal interino o laboral de carácter temporal.

 

  • No incluir en las ofertas de empleo que cada año deben aprobar las plazas vacantes desempeñadas por interinos cuya amortización no corresponda o se decida y que no estén ya en fase de provisión, es una infracción legal patente e injustificable.

 

  • En una reciente sentencia del Tribunal Supremo (29/10/2010) se considera que las Administraciones Públicas están inexcusablemente obligadas a incluir en las ofertas de empleo público que aprueben todas las plazas vacantes de plantilla que estén provisionalmente desempeñadas por funcionarios interinos, salvo que se decida la amortización de algunas de estas plazas o la interinidad tenga por causa la sustitución de un funcionario con reserva de su puesto de trabajo.

 

  • El incumplimiento de este deber por parte de las Administraciones no es sólo una infracción de la legalidad vigente sino una violación del derecho fundamental a acceder a los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad que sanciona el artículo 23.2 de la Constitución.

 

  • Cualquier titular de intereses legítimos, individuales y colectivos, incluidas las asociaciones profesionales de funcionarios y otras entidades constituidas para la defensa de la Función Pública o afectadas de cualquier modo por el incumplimiento de aquellas obligaciones puede interponer los recursos pertinentes ante los Tribunales, en su caso por el cauce preferente del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales y, en último extremo, a través del recurso de amparo constitucional.

 

  • Lo “esencial”, según Sánchez Morón, es que los responsables políticos “tomen conciencia de la necesidad de cumplir con rigor con los deberes legales” evitando la posición en la que se encuentran los “aspirantes a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad”.

Real Decreto Ley 20/2011 y Empleo Público 2012

En función de lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y relacionado con las oposiciones en el año 2012:

  1. En 2012 se puede incorporar nuevo personal derivado de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, es decir:
    1. Las plazas aprobadas en OEP de 2011 o años anteriores y aún no convocadas, podrían convocarse este año 2012.
    2. Las Convocatorias ya publicadas y aún no finalizadas, no se paralizan y pueden continuar en 2012.
  2. En 2012 además se podrían aprobar nuevas Ofertas de Empleo Público con la tasa de reposición del 10% para:

a. Cuerpos de funcionarios docentes.

b. Plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.

c. Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado

d. Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio

e. Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento

f. Cuerpos responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

3. En 2012 se puede incorporar plazas de militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

4. En 2012 podrán autorizarse convocatorias de plazas vacantes en Entidades Públicas Empresariales y resto de Organismos Públicos y Entes del Sector Público Estatal (salvo en las indicadas en el primer párrafo del artículo 3.3.) para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y dentro de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

 

En defensa de los funcionarios

EXPANSIÓN 13.01.2012 Jorge Pipaón Pulido. Presidente de Fedeca (Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado)

Leo con cierto asombro el editorial de Expansión de 9 de enero de 2012. Lo leo con atención por la confusión que me generan los datos del editorial titulado Desorbitada subida de salarios públicos.

El editorial manifiesta que “las airadas protestas ante el recorte de las retribuciones de los empleados públicos en Cataluña y otras regiones de España, y la amenaza de amplias movilizaciones en caso de que el nuevo Gobierno de Rajoy adopte medidas en el mismo sentido, contrastan vivamente con la evolución del sueldo medio de los funcionarios españoles en comparación con los de otros países de nuestro entorno”.

Pero ahí empiezan mis dudas: ¿Qué empleados públicos: los funcionarios, los laborales, los eventuales, los interinos? ¿De qué Administración: del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, de las sociedades mercantiles de capital público, de las Fundaciones Públicas? Sigue leyendo

El funcionario ante el Código Penal

En el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el ex presidente de la Generalitat valenciana D. Francisco Camps el abogado de la defensa, cuando ha interrogado a algún alto cargo, ha puesto énfasis en destacar que, además de tal condición, el testigo en cuestión era  funcionario público ¿por qué tal interés? En un proceso judicial con Jurado tal vez el letrado ha considerado que el testimonio de un testigo, si este es funcionario, reviste mayor veracidad que si no lo es. Supongo que esto es lo que piensa el letrado o, al menos, piensa que eso es lo que piensan los miembros del Jurado. En un país en el que constantemente se nos está cuestionando este parecer es muy esperanzador pero para los que formamos parte de la función pública, ¿esto también es así? Supongo que habrá distintas opiniones al respecto.

Quiero en esta líneas hacer un poco de autocrítica en relación con la escalada de conductas reprobables, algunas penalmente, que estamos presenciando en nuestras administraciones públicas. Supuestamente, los funcionarios (y funcionarias)  estamos, entre otras cosas, para hacer que la ley se cumpla. Cuando nuestra Constitución dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y está sometida a la ley y al Derecho no está pensando en un ente abstracto sino en quienes actúan en su nombre. Es el personal al servicio de la Administración el que ha de actuar con objetividad y el que está sometido a la ley y al Derecho. Y especialmente somos los funcionarios los que debemos tener presente estas reglas porque nosotros no estamos de paso, no hemos ingresado en la función pública para satisfacer intereses que pueden ser espurios sino para satisfacer los intereses generales. Ante cualquier tentación partidista o no partidista que se desvíe de esos intereses generales nosotros debemos actuar con responsabilidad. No en el peor de los casos, puede suceder que, tras un cambio de gobierno a fin de no ser tachados de hostiles empezamos admitiendo pequeñas  desviaciones o irregularidades que con el tiempo se convierten en normales. Pasan a formar parte de la normalidad y ya ni siquiera consideramos que sean irregularidades. Al final la suma de esas pequeñas acciones se convierten en algo insostenible y acaban por estallar. Es entonces cuando nos planteamos si no nos habremos excedido, si no habremos realizado alguna acción que pudiera ser reprobada, incluso, penalmente.

No podemos ser cómplices de ninguna tropelía, por pequeña que esta sea o parezca, porque al final perdemos todos. Nuestra función requiere cumplir la legalidad, aunque esta no nos guste, pero esas son las reglas del juego. Pero no podemos confundir la legalidad fijada democráticamente por un Parlamento con las acciones jurídicamente perversas de algún funcionario o autoridad. Debemos tener muy en cuenta la ley, y muy especialmente el Código Penal.

En dicho Código hay un  Título específico dentro del Libro II (el XIX) dedicado a los delitos contra la Administración pública: prevaricación,  cohecho, etc. Quiero llamar la atención con el tipo penal previsto en el artículo 436: “La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública… se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.” El tipo no se refiere solo al que dicte la resolución de adjudicación del contrato sino también a cualquier funcionario que intervenga en el procedimiento de contratación, tal vez en la Mesa de Contratación o realizando algún informe técnico. Si cito este caso es porque la contratación es uno de los ámbitos que más están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Desde luego que debemos tener presente estas cuestiones aunque se trate de casos extremos pero creo que nuestro listón no debe llegar ahí. Nuestras acciones no deben tener solo como límite el Código Penal, no podemos hacer todo aquello que no esté sancionado penalmente  sino que el marco de nuestros actos debe ser el ordenamiento jurídico. Tal vez estas consideraciones sean obvias, desde luego que lo son, pero no está de más recordarlas.

La nuestra es una función garantista y no cumplimos con ella si no somos estrictos en nuestro trabajo. Y no se trata de no hacer lo que no es debido sino también de no consentir en los demás las acciones reprobables. Ya sé que esto es más difícil pero siempre hay cauces para lograrlo. Tal vez sea un poco ingenuo, pero creo que los funcionarios somos uno de los pilares del estado de derecho y si nos dejamos manipular y no cumplimos con nuestro deber lo ponemos en peligro.

Hagámonos de valer y así cuando se nos pida opinión será una opinión a tener en cuenta y si por alguna eventualidad tenemos que ser testigos en un proceso penal que la condición de funcionario sea garantía de veracidad. De este modo daremos la razón al abogado defensor del Sr. Camps cuando preguntaba al testigo si era funcionario público.

Ferran Bargues Estellés

Abogado de la Generalitat valenciana