LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Cuando pensamos en la Administración Pública se nos viene a la cabeza la Administración del Estado, la Autonómica o bien la Local; pues bien, a parte de ellas se encuentra también la Administración de Justicia, una Administración un tanto olvidada y con muchas peculiaridades respecto al resto. Una Administración, que depende del Ministerio de Justicia, y que dispone de una regulación propia en multitud de materias (procesos selectivos propios; un régimen de permisos, licencias y excedencias propio; un procedimiento disciplinario propio, y otras muchas materias con una regulación exclusiva al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Se trata de una Administración con unas diferencias tan destacadas que incluso a fecha de hoy, y a diferencia de lo que ocurre con el resto de organismos públicos, que actúan al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para poder acceder a la Administración de Justicia es necesario ser mayor de edad; aspecto que parece que va a cambiar en un futuro próximo habida cuenta las noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación, equiparándose en ese aspecto al resto de las Administraciones, y el acceso será a partir de los 16 años.

Pues bien, esas peculiaridades de la Administración de Justicia también se plasman en el día a día del trabajo del funcionario. A diferencia de lo que puede ocurrir en otras Administraciones Públicas, en las que el trabajo del funcionario no deja de ser monótono y sistemático, sin que el trabajador público  pueda explotar todo su potencial y conocimientos que ha demostrado tener después de superar un proceso selectivo, hoy en día, en la Administración de Justicia los funcionarios tienen un gran abanico de competencias y de leyes procesales a aplicar. Así, a modo de ejemplo, un auxilio judicial, lo mismo puede asistir a vistas judiciales, que practicar actos de comunicación (citaciones, emplazamientos, requerimientos o notificaciones), que proceder a embargar bienes o  efectuar lanzamientos (desalojar los ocupantes que no han abonado las rentas debidas). Un tramitador procesal, que es el equivalente a un administrativo en el resto de las Administraciones Públicas, no deja diariamente de aplicar las leyes procesales de las que ha sido examinado en la oposición, debiendo de tener conocimiento de los trámites a aplicar en cada uno de los procedimientos a proveer, y de la variedad de procedimientos existentes en cada una de las jurisdicciones. Finalmente, encontramos la figura del gestor procesal, con funciones muy similares a las del tramitador y con otras exclusivas de dicho cuerpo como documentar embargos o lanzamientos.

Ahora bien, con la aplicación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) parece ser que en la Administración de Justicia se tiende también a la especialización, en el sentido de que se crearán grandes oficinas (Servicios Comunes Procesales) y cada una de ellas se dedicará a realizar un trámite procesal concreto. La NOJ ya ha empezado a funcionar en algunos partidos judiciales como en Burgos, Cáceres, Ciudad Real y Murcia y parece ser que las noticias que llegan no son muy positivas al respecto.  La implantación de la oficina judicial supone una nueva forma de organizar el trabajo de todas las personas que trabajan en la administración de justicia, un nuevo modelo organizativo que rompe con la configuración clásica del antiguo juzgado e impulsa un nuevo modelo de organización y de gestión basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para conseguir que las oficinas judiciales funcionen con agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia. El sistema tradicional de organización en el que cada juzgado o tribunal conoce de un mismo asunto desde su admisión hasta la ejecución de la sentencia desaparece, pues, con la NOJ.

También se habla actualmente de los llamados “Tribunales de Instancia”, lo que supondría la desaparición de los clásicos juzgados y su agrupación en órganos colegiados. Su principal ventaja: incrementar el número de jueces sin crear juzgados, puesto que está claro y nadie discute que es imprescindible incrementar el número de jueces en España, cuya ratio es muy inferior a la que tienen nuestros países vecinos.

Pero para que todo ello se lleve a cabo resulta imprescindible recursos económicos, lo que hoy en día escasea en la Administración Pública, por lo que ya se verá en que quedan todas las reformas implantadas.

Dàrius Ariño Cárdenas

Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales.