FUNCIONARIOS: ¿PERMANENCIA O TEMPORALIDAD?

Hoy en día el funcionariado está en crisis, sí como todo lo demás, pero lo nuestro es sobre todo una crisis de imagen que no se va a recuperar ni con el mejor asesor de los Estados Unidos. Dicen que desde el “Vuelva usted mañana” de don Mariano José Larra, el concepto de funcionario en nuestro país es casi equivalente a un insulto, se trata de un ser poco trabajador, gris, no diligente ni apto para labores productivas, atrapado en un mar de papeles y sellos como nos retrata Franz Kafka en “El proceso”. De hecho, según un tío mío, y dice que todos en el pueblo piensan igual, los funcionarios tendríamos que estar picando piedra a pleno sol, cosa que, válgame el cielo, espero que nunca se pregunte en un referéndum. Triste es comprobar como la única noticia positiva en los últimos tiempos es la futura boda del señor Alfonso Díez con la Duquesa de Alba, que llena páginas de revistas rosas y sitúa a un miembro de nuestro colectivo en un escenario reservado hasta ahora a actores y futbolistas. ¿Cómo defender a los funcionarios ante este panorama?

Pues sí, yo quiero defender a los funcionarios, y en especial a los funcionarios de administración general, y en uno de sus aspectos más controvertidos y criticados en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los funcionarios y el resto de los trabajadores? Esta pregunta solía hacerla  con frecuencia en las clases hasta que una vez uno de los asistentes respondió, “la hora del almuerzo”, bueno amigo le respondí, esos almuerzos de cuchillo y tenedor ya apenas existen, sí, los funcionarios almorzamos pero como la mayoría de trabajadores de este país. ¿Cuál es el motivo entonces de que en los procesos selectivos se presenten cada vez una cantidad ingente de opositores? Pues precisamente una de las características especiales de la condición de funcionario público, es la permanencia, el derecho al cargo que deriva de los principios establecidos en el artículo 103 CE según la doctrina del TC, y que resulta no justificable en la actualidad para la opinión pública. ¿Cómo es posible que cuando las cifras del paro se disparan, no se despidan empleados públicos? ¿Por qué unos trabajadores tienen estos privilegios frente al resto? 

Lejos de ser un privilegio, el derecho al cargo es una garantía para los ciudadanos. Si las funciones públicas las ejercen personas que pueden ser despedidas en cualquier momento la objetividad de sus actuaciones disminuirá notablemente. Cierto es que se puede analizar la productividad, la motivación y los excesos de unos pocos, pero en estos casos la normativa ya prevé un régimen disciplinario que apenas se utiliza. Sin el derecho al cargo, en primer lugar, el funcionario estará más interesado en agradar a su jefe de turno, el político, que en servir de verdad al ciudadano. Claro que en todas las administraciones existe una categoría de funcionarios “cantarines”, aquellos que dedican gran parte de su jornada a loar las grandezas de su superior jerárquico ya sea por la promesa de alguna futura dádiva, ya sea por simple afición, pero bien es verdad que la mayoría de los trabajadores públicos no se venden por un plato de lentejas y actúan conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Si algo no se puede hacer, no se hace, y si vulnera la normativa, no hay que hacer trajes a medida, frase hecha que hoy en día resulta delicado mencionar en alguna autonomía. Son muchos los casos de corrupción que se atajan porque un funcionario dice que no, o porque denuncia actuaciones irregulares. Por otra parte, si yo soy funcionario y sé que mi puesto es temporal, es posible que intente actuar amablemente con empresas del sector privado a las que algún día podría estar llamando a su puerta.

En los países anglosajones, en los cuales no existe el concepto de funcionario permanente, se servían del principio to the victor go the spolis, al vencedor va el botín, o sea el partido político que gobierna obtiene como preciado tesoro el reparto de todos los puestos públicos, práctica llamada spoil system. Este sistema se utilizó hasta que comprobaron que algunas funciones públicas necesitan de un elevado nivel de preparación, y por tanto no se pude escoger a cualquiera sino al mejor. Algunos dirán, pero si el sistema del expolio es el que tenemos en nuestro país, bueno desgraciadamente a veces así lo parece, pero nuestra normativa de función pública reserva determinados puestos a los funcionarios, la designación política queda delimitada en Cataluña para Consellers, altos cargos (secretarios generales y directores generales y asimilados) y el personal de confianza. Es cierto que todos estos cargos suman algunos centenares, curiosamente cada gobierno entrante promete reducir su número pero nunca lo consiguen, pero si tuviésemos un sistema de spoil system, serian decenas de miles, con una merma en la garantía de los ciudadanos a ser tratados con objetividad, incumpliendo uno de los principios más sagrados del servicio público, y con un aumento de los riesgos de actuaciones irregulares o corruptas.

Alejandro Madariaga

Técnico de Investigaciones de la Oficina Antifrau de Catalunya