El Tribunal Supremo dictó sentencia el 12 de diciembre de 2019 condenando al Ayuntamiento de Carmona a indemnizar a una interina por no haber convocado en plazo una oferta de empleo público, sobrepasando los tres años establecidos en el artículo 70 del TREBEP.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia el 22 de enero de 2020, en relación a interino que ha sido cesado al finalizar su contrato al cubrirse la plaza que venía ocupando por el titular (concurrencia de causa objetiva), no tiene derecho a percibir la correspondiente indemnización.
El Informe Edad de los asalariados del sector público, elaborado por ADAMS Formación, pone de manifiesto el envejecimiento de la plantilla en las Administraciones Públicas. En solo 5 años se habrán jubilado 330.800 asalariados del sector público y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de jubilación, lo que supone un 30% de la plantilla actual. Dicho porcentaje alcanzará el 44% en 15 años, ya que se habrán jubilado 1.419.600 empleados públicos sobre un total 3.228.700.
El estudio, elaborado a partir de los datos sobre población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al Tercer Trimestre de 2019, ordena y clasifica los datos por tipo de Administración, sexo de los empleados/as, tipo de contrato y comparando con el sector privado. Se ha tomado como referencia 65 años como edad de jubilación.
Entre los datos más relevantes del informe, cabe destacar:
En opinión de Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público de ADAMS Formación, para gestionar esta situación se podrían adoptar medidas como “planificar la gestión y necesidades de medios personales a medio y largo plazo, difundir el empleo público entre los más jóvenes garantizando el acceso en condiciones de igualdad bajo los principios de mérito y capacidad, y una mayor transparencia, periodicidad y agilidad en los procesos selectivos”. Además, es también importante que las Administraciones planifiquen el relevo generacional para aprovechar el talento, los conocimientos y experiencia de las personas que se jubilarán.
Por otro lado, “adaptar la Administración Pública a la sociedad de la información y la necesaria transformación digital, flexibilizar la rigidez en la gestión de personas y reducir la falta de compenetración entre las distintas administraciones, ayudarían a estimar y asignar más correctamente las necesidades de efectivos”, añade Oliveros.
El informe compara la edad de los trabajadores de empresa privada y la de los empleados públicos: En jóvenes ocupados menores de 30 años, hay un empleado público por cada 10 del sector privado, mientras que en ocupados de 50 o más años hay un empleado público por cada 3,4 del sector privado.
Además, analiza la temporalidad de los contratos y desglosa por sexo y tipo de Administración la edad de los asalariados del sector público.
Para consultar el informe completo, consulte el siguiente enlace:
Edad de los asalariados del sector público
En la sentencia de 4 de diciembre de 2019 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, se estima la posibilidad de que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo de un funcionario/a, mediante el recorte del complemento de productividad por disminuir su rendimiento.
La sentencia entiende que tener asignado durante un período de tiempo el complemento de productividad, no consolida el derecho a su percepción.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad.
Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.
La Asociación de Interinos y Laborales (ANIL) presentó recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo para la mejora del empleo público firmado entre el Gobierno y los sindicatos. Entre los motivos de fondo alegados por esta asociación se planteaba la discriminación del personal interino que debía superar una fase de oposición para acceder a la función pública como funcionario de carrera.
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia desestimatoria al recurso que interpuso ANIL, al entender que no hay ninguna base jurídica para que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos.
Cita la sentencia de la Audiencia Nacional lo indicado en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de junio de 2014: “La consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados (…) Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable…”
El Tribunal Supremo ha fallado que en el ámbito de la función Pública para el acceso a plazas de profesiones reguladas ha de realizarse con la titulación propia de la profesión, aunque ésta sea de nivel de máster y no de grado.
En las Sentencias más recientes (25 y 26 de septiembre de 2019) el Tribunal Supremo resuelve acerca del acceso a plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y dispone que el título universitario de Grado en Ingeniería Civil no es suficiente para acceder al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pues debe estarse a la titulación necesaria para el ejercicio de esta profesión regulada, que en este caso es el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o el Máster Universitario habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
También ha habido otros recursos resueltos de forma similar como es el caso de la profesión regulada de Ingeniero Industrial para la que se requiere una titulación que no se corresponde con la de grado.
Ver Sentencias:
http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2019/10/STS-Plaza-de-ICCP-no-Graduado.pdf
http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2019/10/Sentencia-TS-acceso-a-Cuerpo-ICCPE-solo-ICCP.pdf
La Abogada General, Juliane Kokott, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado sus conclusiones en relación a dos asuntos relativos a la relación a los contratos de interinidad abusivos (conclusiones del 17 de octubre de 2019).
En sus conclusiones, insta al Tribunal de Justicia que responda, entre otros puntos, a:
1.Sobre la organización de procesos de selección (cuestiones prejudiciales segunda y tercera en el asunto C‑429/18)
La cláusula 5 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que, para sancionar adecuadamente la utilización abusiva de sucesivos nombramientos de carácter temporal y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de Unión, no basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia cuando el acceso a una relación de servicio fija, derivado de la superación del proceso selectivo por la persona que haya sufrido el uso abusivo de tales nombramientos sucesivos, sea imprevisible e incierto y la normativa nacional pertinente no establezca ninguna otra medida sancionadora.
2.Sobre la transformación de una relación de servicio temporal en una relación de servicio indefinida no fija (cuarta cuestión prejudicial en el asunto C‑429/18)
La cláusula 5 del Acuerdo Marco no se opone a una jurisprudencia de los tribunales nacionales conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija. Tal jurisprudencia puede reconocer al personal afectado, por un lado, un derecho a continuar en el puesto de trabajo hasta que el empleador haya estudiado, como le corresponde, las necesidades de personal y haya cumplido las obligaciones que de ello se derivan, y, por otro lado, un derecho a una indemnización completa de los perjuicios que le haya causado el abuso. Estas medidas deben ir acompañadas de un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio.
3.Sobre el reconocimiento de un puesto fijo garantizando la equiparación con el personal estatutario fijo (cuestiones prejudiciales sexta, séptima y novena en el asunto C‑103/18 y cuestiones prejudiciales quinta y sexta en el asunto C‑429/18)
Si se permitiera a los tribunales nacionales sancionar el abuso reconociendo en el caso concreto un puesto fijo al personal temporal, esto tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en cuestión el objetivo de los procesos de selección. En primer lugar, las personas que hubieran superado un proceso selectivo, pero que aún no hubieran recibido un nombramiento para ejercer sus funciones con carácter permanente, serían tratadas del mismo modo que aquellas que no hubieran participado en ese proceso o que no lo hubieran superado. Además, apenas sería posible tomar debidamente en consideración la diversa duración del uso abusivo y los méritos adquiridos por el interesado.
4.Sobre la concesión de una indemnización del mismo importe que la correspondiente a un despido improcedente (séptima cuestión prejudicial en el asunto C‑429/18)
En la medida en que esta indemnización se añada al derecho de indemnización antes mencionado, podría tratarse de una medida adecuada para sancionar el uso abusivo de sucesivos nombramientos o relaciones de servicio temporales. No obstante, corresponde al juzgado remitente apreciar este extremo a la luz de todas las disposiciones aplicables en su Derecho nacional.
El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de 29 de marzo de 2019, en la que resuelve la cuestión relativa a la indemnización aplicable a los contratados al servicio de organismos públicos en régimen de interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto, cuando son cesados por reincorporación del sustituido.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia de 24 de enero de 2019, en el recurso de casación 2519/2016, en el que extiende los efectos de una sentencia a favor de un aspirante que recurrió contra la relación de opositores que había superado un ejercicio de la oposición, a favor de otro aspirante que en su momento no recurrió contra dicha relación.
En el siguiente enlace puedes leer el resumen que sobre esta sentencia hace José R. Chaves: