El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de 29 de marzo de 2019, en la que resuelve la cuestión relativa a la indemnización aplicable a los contratados al servicio de organismos públicos en régimen de interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto, cuando son cesados por reincorporación del sustituido.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia de 24 de enero de 2019, en el recurso de casación 2519/2016, en el que extiende los efectos de una sentencia a favor de un aspirante que recurrió contra la relación de opositores que había superado un ejercicio de la oposición, a favor de otro aspirante que en su momento no recurrió contra dicha relación.
En el siguiente enlace puedes leer el resumen que sobre esta sentencia hace José R. Chaves:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia el 21 de noviembre de 2018 en relación a la solicitud de aclaración que había pedido el Tribunal Supremo sobre la sentencia dictada por el TJUE de 14 de septiembre de 2016, De Diego Porras (C‑596/14, ECLI:EU:C:2016:683).
Conforme a la sentencia de 21 de noviembre de 2018, no habría discriminación en relación a la percepción de indemnización en el caso de los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, como ocurre con el contrato de interinidad de este litigio, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron (en el caso de este litigio al reincorporarse en el puesto la persona titular de la plaza se cesó a la Sra. de Diego Porras), mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.
De los 3.117.800 empleados que trabajan en la Administración Pública, 777.100 lo hacen mediante un contrato temporal. Dicho de otro modo, 1 de cada 4 trabajadores de este sector son temporales, lo que supone un porcentaje del 24,9%, la tasa más elevada desde el último trimestre de 2009.
Así lo señala Randstad en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en los últimos diez años (2008-2018), que destaca Extremadura como la Comunidad Autónoma con mayor tasa de empleados públicos (31,1%) y Murcia la de menor (17,9%).
En cuanto al índice de temporalidad por Comunidades Autónomas, el País Vasco encabeza el ranking con una tasa de empleados públicos con contratos temporales que alcanza el 35,3%. En el otro extremo, Madrid tiene la tasa más baja con un 18,7%.
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El 24,9% de los trabajadores públicos son temporales, la tasa más elevada desde 2009
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias (una referida a personal estatutario interino y la otra a un funcionario interino) en las que entiende que ante sucesivos contratos la solución jurídica aplicable no es la conversión del personal que fue nombrado como funcionario interino de un Ayuntamiento o como personal estatutario interino, en personal indefinido no fijo, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social, sino, más bien, la subsistencia y continuación de tal relación de empleo, con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella desde la fecha de efectos de la resolución anulada, hasta que esa Administración cumpla en debida forma lo que ordena la norma de carácter básico establecida (en el caso del funcionario interino del Ayuntamiento lo establecido en el art. 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y hoy en el mismo precepto del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el caso del personal estatutario interino lo establecido en el art. 9.3, último párrafo, de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud)
Por lo que deberá analizarse en relación a las concretas funciones desempeñadas por ese personal, si procede o no la creación de una plaza estructural, con las consecuencias ligadas a su decisión, entre ellas, de ser negativa por no apreciar déficit estructural de puestos fijos, la de mantener la coherencia de la misma, acudiendo a aquel tipo de nombramiento cuando se de alguno de los supuestos previstos en los artículos antes indicados, identificando cuál es, justificando su presencia, e impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestarlas.
El/la afectado/a por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tiene derecho a indemnización. Pero el reconocimiento del derecho: a) depende de las circunstancias singulares del caso; b) debe ser hecho, si procede, en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso; y c) requiere que la parte demandante deduzca tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjuicios, y por qué concepto o conceptos en concreto, le fueron causados; y acredite por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, la realidad de tales daños y/o perjuicios, de suerte que sólo podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determinación del quantum de la indemnización debida.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado su sentencia de fecha 5 de junio de 2018, C-677/16, en la que en relación a la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, contra la Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en relación a la indemnización que tenía que percibir la trabajadora.
Este tribunal ha fallado, en relación al trabajo de duración determinada, que no se opone a una normativa nacional el que no prevea el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.
Recientemente el Ministerio de Hacienda y Función Pública y sindicatos firmaron el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que supone un aumento en las retribuciones del personal al servicio de la Administración, así como un incremento en la tasa de reposición para incorporar nuevos efectivos y aumentar el ámbito de los procesos de estabilización.
La Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA) organizó unas jornadas en las que intervinieron el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la Secretaria de Estado, Elena Collado, quienes expresaron su especial interés por la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de empleados de las Administraciones Públicas.
Para FEDECA este acuerdo representa “un importante paso adelante que el conjunto de empleados públicos debemos celebrar, por suponer una forma de garantizar un clima de paz social que hace posible volver a establecer canales de diálogo entre las distintas partes”.
“Con la firma de este Acuerdo se materializa dicho interés y entendemos que se han logrado avances para intentar volver a la situación anterior a la crisis económica”. Y añaden desde la Federación “con todo y realizando una valoración positiva, existen algunas incógnitas en dicho acuerdo que producen cierta incertidumbre y esperamos que en ambos casos se despejen favorablemente”.
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La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus conclusiones sobre la consulta realizada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid relativas a la indemnización de los interinos tras finalizar el contrato temporal, podría hacer modificar la jurisprudencia del del TJUE.
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El Tribunal Supremo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que clarifique su fallo de la sentencia de 14 de septiembre de 2016 respecto a la indemnización que deben recibir los interinos cuando se extingue su contrato de trabajo.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas con contrato temporal se redujo un 13,2% entre 2007 y 2016, con un descenso de 99.000 temporales, mientras que el número de empleados públicos con contrato indefinido se incrementó un 6,3%, con 130.000 fijos más, según el último informe publicado por el Banco de España sobre La evolución del empleo en las Administraciones Públicas en la última década.
Según el Banco de España, la mayor parte del crecimiento neto del empleo público registrado entre 2007 y 2011 se concentró en los indefinidos, que aumentaron cerca de un 15% en este periodo, frente a un incremento mucho más moderado de los temporales (+3%). En la fase de ajuste posterior, entre 2011 y 2013, el número de temporales retrocedió un 28%, mientras que el de indefinidos se contrajo por debajo del 6%.
Ganan peso las Comunidades Autónomas
El mismo informe señala que el 60% del empleo público existente en 2016 correspondió a las Comunidades Autónomas, con 1,7 millones de empleados, mientras que el 21% se localizaba en las corporaciones locales (600.000 ocupados) y el 19% restante en la Administración Central (540.000 empleos).
Educación, Sanidad y Administración Pública, Seguridad Social y otros
Cerca del 49% del empleo público existente en 2016 pertenecía a la categoría ‘Administración Pública, Seguridad Social y otros’, mientras que el 51% restante se repartía entre educación (27%) y sanidad y servicios sociales (24%).
El empleo en sanidad y servicios sociales alcanzó su máximo en 2011, con un crecimiento superior al 15% respecto al nivel de 2007, en tanto que los empleados en educación y resto de ramas se incrementaron en menos medida, un 6% y un 12%, respectivamente.