Los interinos no pueden ser funcionario de carrera sin proceso selectivo

El Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de 28 de septiembre de 2020 en la que las ofertas de empleo público de consolidación o estabilización del empleo temporal no puede suponer, porque lo impiden los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución, convocatorias restringidas, ni la conversión en funcionarios de carrera de los que lo son interinamente, sino que han de conciliarse con el derecho de todos a acceder a la función pública.

La estabilización ha de hacerse mediante procesos selectivos que respeten los principios constitucionales identificados por el artículo 2 del Real Decreto 954/2018 (principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad). A este respecto, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se han preocupado, en relación con los procesos de consolidación del empleo temporal, por preservar tanto los derechos de quienes están empleados temporalmente cuanto los de quienes quieren acceder al empleo público sin una previa vinculación con la Administración. En este sentido, han velado para que la valoración de los servicios previos del personal temporal no entrañe una lesión del principio de igualdad frente a los aspirantes que no han prestado antes servicios en la Administración.

>> Más información en Redacción Médica

Sentencia sobre los interinos

Equipo de ADAMS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia el 19 de marzo de 2020 en relación al abuso de la contratación temporal de empleados públicos interinos, asuntos acumulados C-103/18 (Domingo Sánchez Ruiz) y C429/18 (Berta Fernández Álvarez y otras).

Dicha sentencia deja en manos de los órganos jurisdiccionales nacionales la decisión de apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición.

Como indica la sentencia del TJUE la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada. No obstante, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe contar con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada

Más de 900.000 empleados públicos se jubilarán en 10 años

En 5 años 330.000 y en 15 años más de 1.400.000 (44% de la plantilla actual)

El Informe Edad de los asalariados del sector público, elaborado por ADAMS Formación, pone de manifiesto el envejecimiento de la plantilla en las Administraciones Públicas. En solo 5 años se habrán jubilado 330.800 asalariados del sector público y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de jubilación, lo que supone un 30% de la plantilla actual. Dicho porcentaje alcanzará el 44% en 15 años, ya que se habrán jubilado 1.419.600 empleados públicos sobre un total 3.228.700.

El estudio, elaborado a partir de los datos sobre población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al Tercer Trimestre de 2019, ordena y clasifica los datos por tipo de Administración, sexo de los empleados/as, tipo de contrato y comparando con el sector privado. Se ha tomado como referencia 65 años como edad de jubilación.

Entre los datos más relevantes del informe, cabe destacar:

  • Solo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años.
  • Solo 7.000 empleados públicos son menores de 20 años, lo que supone un 0,2% del total. De ello, el 95,77% son temporales.
  • En 10 años el 30% de la plantilla actual, más de 900.000 asalariados del conjunto de las Administraciones, habrán llegado a la edad de jubilación.
  • En 15 años el 44% de los empleados públicos estará en edad de jubilarse, un total de 1.419.600.
  • En las Comunidades Autónomas se habrán jubilado más de medio millón de empleados en tan solo 10 años, y 172.100 en Ayuntamientos y resto de Administración Local.
  • La Administración de la Seguridad Social es el sector público más envejecido: el 76% de sus empleados tiene 50 o más años.

En opinión de Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público de ADAMS Formación, para gestionar esta situación se podrían adoptar medidas como «planificar la gestión y necesidades de medios personales a medio y largo plazo, difundir el empleo público entre los más jóvenes garantizando el acceso en condiciones de igualdad bajo los principios de mérito y capacidad, y una mayor transparencia, periodicidad y agilidad en los procesos selectivos». Además, es también importante que las Administraciones planifiquen el relevo generacional para aprovechar el talento, los conocimientos y experiencia de las personas que se jubilarán.

Por otro lado, «adaptar la Administración Pública a la sociedad de la información y la necesaria transformación digital, flexibilizar la rigidez en la gestión de personas y reducir la falta de compenetración entre las distintas administraciones, ayudarían a estimar y asignar más correctamente las necesidades de efectivos», añade Oliveros.

El informe compara la edad de los trabajadores de empresa privada y la de los empleados públicos: En jóvenes ocupados menores de 30 años, hay un empleado público por cada 10 del sector privado, mientras que en ocupados de 50 o más años hay un empleado público por cada 3,4 del sector privado.

Además, analiza la temporalidad de los contratos y desglosa por sexo y tipo de Administración la edad de los asalariados del sector público.

Para consultar el informe completo, consulte el siguiente enlace:

Edad de los asalariados del sector público

 

El Tribunal Supremo permite bajar el sueldo a los funcionarios poco productivos

En la sentencia de 4 de diciembre de 2019 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, se estima la posibilidad de que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo de un funcionario/a, mediante el recorte del complemento de productividad por disminuir su rendimiento.

La sentencia entiende que tener asignado durante un período de tiempo el complemento de productividad, no consolida el derecho a su percepción.

Compatibilidad de los empleados públicos a realizar actividades privadas

Servicio Público

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad.

Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.

>> Lee aquí la información completa

La Audiencia Nacional desestima el recurso contra los acuerdos para la mejora del empleo público

Equipo de ADAMS

La Asociación de Interinos y Laborales (ANIL) presentó recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo para la mejora del empleo público firmado entre el Gobierno y los sindicatos. Entre los motivos de fondo alegados por esta asociación se planteaba la discriminación del personal interino que debía superar una fase de oposición para acceder a la función pública como funcionario de carrera.

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia desestimatoria al recurso que interpuso ANIL, al entender que no hay ninguna base jurídica para que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos.

Cita la sentencia de la Audiencia Nacional lo indicado en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de junio de 2014: “La consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados (…) Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable…”

Las Administraciones Públicas pueden exigir para determinados puestos el título de master no siendo suficiente el título de grado

El Tribunal Supremo ha fallado que en el ámbito de la función Pública para el acceso a plazas de profesiones reguladas ha de realizarse con la titulación propia de la profesión, aunque ésta sea de nivel de máster y no de grado.

En las Sentencias más recientes (25 y 26 de septiembre de 2019) el Tribunal Supremo resuelve acerca del acceso a plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y dispone que el título universitario de Grado en Ingeniería Civil no es suficiente para acceder al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pues debe estarse a la titulación necesaria para el ejercicio de esta profesión regulada, que en este caso es el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o el Máster Universitario habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

También ha habido otros recursos resueltos de forma similar como es el caso de la profesión regulada de Ingeniero Industrial para la que se requiere una titulación que no se corresponde con la de grado.

Ver Sentencias:

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2019/10/STS-Plaza-de-ICCP-no-Graduado.pdf

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2019/10/Sentencia-TS-acceso-a-Cuerpo-ICCPE-solo-ICCP.pdf