Fuente: contencioso.es
Fecha: 20/11/12
COMENTARIO SOBRE LAS TASAS JUDICIALES
El el blog «contencioso.es», Sevach ha publicado un interesante artículo que analiza la entrada en vigor en los próximos días del nuevo sistema de tasas judiciales, que califica como de “asesino silencioso”.
Como no puedo estar más de acuerdo con los comentarios y el análisis que realiza sobre las implicaciones que para el Estado de Derecho tendrá la próxima publicación y entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales, os invito a su atenta lectura.
El debate está abierto: ¿Quién debe de soportar los costes que genera la Administración de Justicia?
¿Es lógico que una testamentaria (recordemos que se trata de proceder a la división judicial cuando los herederos no se ponen de acuerdo en el reparto de la herencia) la sufraguen todos los ciudadanos vía impuestos o es mejor imponer una tasa directa a los que pleitean por no haberse puesto amistosamente de acuerdo precisamente para recibir un patrimonio ajeno?. ¿Si un matrimonio se lleva mal y desea divorciarse, tenemos todos los ciudadanos que contribuir al gasto que provoca el aparato judicial?
Con tales ejemplos pudiéramos pensar que los demás no tenemos culpa de las desavenencias de otros y que ellos son los que deben de pechar con sus consecuencias, pero plantear el debate en estos términos es simplificarlo enormemente. El acceso a la justicia es el derecho soporte o garantía de todos los demás derechos fundamentales y libertades públicas y mucho nos tenemos que en el futuro muchos ciudadanos cuyos derechos han sido conculcados (por empresas, por la Administración Pública o por otros ciudadanos) dejarán de acudir al amparo de los tribunales al plantear su decisión en términos puramente económicos y no de justicia material.
Creo sinceramente que con la promulgación de las nuevas tasas se nos va en ello parte de nuestro “Estado de Derecho”; o mucho me equivoco o los abusos que sufren los ciudadanos por parte de las personas jurídicas (facturación de telefonía móvil o de consumo de energía eléctrica, de abusos por prácticas bancarias, por poner ejemplos cotidianos) se extenderán todavía más, sabiendo que el ciudadano tendrá que pensárselo dos veces antes de tomar una decisión que le costará asumir económicamente, aunque tenga serias posibilidades de ganar el pleito.
Como os decía, os invito gustosamente a leer el comentario de Sevach y comprobar las implicaciones de esta medida, aunque espero que la propia justicia, a través del Tribunal Constitucional expulse cuanto antes de nuestro ordenamiento jurídico esta nueva norma que supone un torpedo en la línea de flotación de la tutela judicial efectiva.