Según ha informado el sindicato UGT, la Comisión Europea ha decidido sancionar a España por negarse a pagar los trienios del personal funcionario interino de todo el estado español con fecha de julio de 2001.
En el siguiente enlace puedes leer la misiva que ha remitido la Secretaría de estado de Administraciones Públicas a las Comunidades Autónomas, en este caso, a la Comunidad Autónoma Valenciana.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha instado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la “ejecución forzosa y completa” de la Sentencia de 29 de octubre de 2010 del Tribunal Supremo por la que se anuló la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón, al entender que la misma vulneraba el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al omitir la inclusión de todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
La solicitud de ejecución judicial forzosa se plantea a la vista de que el responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, al que se solicitó la ejecución voluntaria de dicha sentencia mediante escrito de 26 de septiembre de 2012, no ha adoptado medida alguna tendente a dicha ejecución ni ha acusado recibo siquiera de la solicitud de ejecución.
Las Sentencias firmes de los Tribunales han de ejecutarse obligatoriamente en sus propios términos, conforme se dispone en el artículo 118 de la Constitución Española, debiéndose entender que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva incluye dicha ejecución, al objeto de restaurar con ello el derecho vulnerado.
La Asociación entiende que la ejecución de la citada sentencia exige la aprobación y publicación de un Decreto de Oferta de Empleo Público complementaria a la de 2007 por parte del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, conservando el decreto anulado y los procesos selectivos convocados y ejecutados en su aplicación. El decreto complementario que se apruebe debe incluir todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos y omitidas en su día –en número superior a mil-, debiera aprobarse en el plazo de tres meses desde que se ordene por el Tribunal la oportuna ejecución, dando lugar a loa convocatoria de los correspondientes procesos selectivos en los tres meses siguientes a la publicación del Decreto en el Boletín Oficial de Aragón, conforme a los plazos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En similares términos se ha instado también la ejecución judicial forzosa de la Sentencia de 10 de febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público de 2011 aprobado por el Gobierno de Aragón.
En el trámite de prueba del incidente de ejecución cabrá determinar el número exacto de las plazas que han de ser objeto de inclusión en las correspondientes Ofertas de Empleo complementarias que vengan a restaurar el derecho que asiste a los ciudadanos para acceder a la función pública, a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La petición de ejecución forzosa de ambas sentencias firmes irá acompañada de una amplia campaña de la Asociación ante las instituciones autonómicas y estatales para que el conjunto de las Administraciones Públicas aseguren a los ciudadanos el pleno ejercicio del derecho constitucional de acceso a la función pública, pues las circunstancias actuales de crisis económica no justifican que los puestos de trabajo de las Administraciones Pública dejen de proveerse conforme a las reglas constitucionalmente establecidas.
El periodista Iñaki Gabilondo publica en su blog el vídeo Depurar la función pública en el que hace alusión al descrédito al que están siendo sometidos los empleados públicos y hace un llamamiento para “hacer justicia a la tarea de los funcionarios”, a la vez que lamenta que “hayan perdido mucho de su papel equilibrador” sustituidos otros candidatos “seleccionados por razón de parentesco ideológico o de amistad”.
Para escucharlo pincha en: http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
Según recoge el sindicato CIG, el jueves 4 de abril de 2013, después del Consejo de la Xunta, se anunció el anteproyecto de ley de racionalización del sector público autonómico, como complemento necesario de la ley de Presupuestos Generales para llevar a cabo una política de privatización de los servicios públicos.
Según este sindicato, la intención es sustituir a los empleados públicos por empresas privadas, ya que al no tener más personal (no va a haber oferta de empleo público, ni poder contratar personal a través de las listas de contratación) y con las amortizaciones de plazas vacantes, derivará en que la Xunta va a dejar muchos servicios al mínimo y muchos no se van a poder prestar con sus propios recursos. Puedes ampliar esta noticia aquí.
Por Carles Casajuana, escritor y diplomático, y ha sido embajador de España en el Reino Unido.
Publicado en El País
Hace cerca de un siglo G. K. Chesterton se declaraba horrorizado por el escaso número de políticos que iban a la horca. Hoy nos repugna la pena de muerte, pero entendemos muy bien la ironía del escritor inglés. La entendemos tan bien que si sustituimos horca por cárcel la frase se convierte en un lugar común. También entendemos a Kissinger cuando decía con guasa que el problema de los políticos es que hay un 90% que echa a perder la reputación de todos los restantes.
¿Es esto lo que está ocurriendo? No lo creo. La gran mayoría de nuestros políticos son personas profundamente honradas que hacen su trabajo con gran dedicación y responsabilidad. Pero es indudable que tenemos un problema, y serio. No pasa semana que no aparezca un nuevo caso de corrupción. Los únicos partidos que no están implicados en ningún escándalo son los que no han gobernado nunca. Seguir leyendo…
El Ministerio de Justicia comunicó inicialmente a los sindicatos que habían sido autorizadas 1000 plazas en la OEP de 2013 para la Administración de Justica; finalmente, el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo de 2013, solo autorizó 300 plazas, dejando fuera a los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal.
En los siguientes enlaces puedes ver las reacciones de los sindicatos a la OEP finalmente aprobada:
Según fuentes sindicales, se han autorizado unas 1.000 plazas de Cuerpos de la Administración de Justicia, que se incluirán en la OEP 2013 [amplía aquí la información].
El sindicato CCOO ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que aprobó la OEP de 2012 por incumplimiento de las sentencias judiciales que obligan al Gobierno a incluir todas las plazas vacantes.
En el Consejo de Ministros del día 15 de febrero de 2013 se analizó el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la norma racionaliza la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo.
Según explicó el Ministro de Hacienda y Administraciones Pública en la posterior rueda de prensa “queda prohibido crear nuevas empresas públicas, las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimen las que dependen de otras entidades”. Además, ha señalado que se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso, para ello, volverían a depender funcionalmente del Estado los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Varias asociaciones de Jueces, Fiscales y el Consejo de General de la Abogacía han firmado y presentado un manifiesto en defensa de la Administración de Justicia.
Diversos medios, como Nueva Tribuna, se han hecho eco de ello. Para leer el manifiesto, pincha en:
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