Desde hace ya un tiempo es tema de debate la reordenación del sector público. El debate fundamental pero, ya no es la motivación de esta reordenación, que, a todas luces, es inevitable, desde la imposición en los países de nuestro entorno del modelo del Estado Relacional, como eje de la relaciones entre Política y Administración y, consiguientemente entre el sector público y el sector privado, sino de cómo debemos abordarla.
¿Debemos afrontar cambios coyunturales o estructurales?
Sin lugar a dudas, el sector público sólo se le puede entender como el garante del interés general; otra cosa es como puede garantizar este interés general y aquí creo que está el tema del debate.
Evidentemente la crisis generalizada que caracteriza la vida de nuestros días es responsable de una sobredimensión y aceleración de este debate. Esta situación es una gran tentación para los partidarios de afrontar los cambios del sector público desde una perspectiva populista y completamente encauzada en la actual coyuntura económica.
A la práctica la crisis les está allanando el camino para identificar el sector público, personalizado en el funcionario, como un problema de la sociedad más que como una herramienta indispensable para resolver los problemas de la sociedad, pues en muchas ocasiones identifican el sector público con el funcionario que trabaja en una oficina, sin horario definido, con desayunos inaplazables e interminables, con una estabilidad laboral a prueba de seísmos, con un sueldo inmerecido, etc.
Olvidan, que estos funcionarios son gente que ha renunciado a muchas cosas para superar las pruebas de acceso, que ficha, que desayuna si puede por no citar a ciertos colectivos que cuando se habla de funcionarios parece que no cuenten. ¿O no son también funcionarios los médicos que nos atienden, los maestros y profesores que educan, sí, digo educan cuando en realidad sólo deberían enseñar, a nuestros hijos o al personal administrativo que gestionará la prestación que puedas recibir en función de tu situación personal?
La imagen del funcionario se ha deteriorado y pocos han salido en nuestra ayuda. En mi opinión éste no es el camino a seguir. No podemos limitar los cambios a pedir que los funcionarios trabajen más horas y cobren menos. Con ello no me opongo, al contrario, creo que es lo deseable, una reordenación del sector público que asegure su sostenibilidad.
Esta reordenación no debe fundamentarse en criterios estrictamente coyunturales sino que debe ir más allá, debe ser una reordenación básicamente funcional del sector público para que pueda acometer la función para la que existe.
El tema es que los cambios introducidos en el sector público durante las últimas décadas no han ido a la misma velocidad de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad, cada día más compleja y con más actores implicados.
Aquí es donde deben incidir los cambios del modelo de actuación del sector público. Quien en la Administración no conoce un servicio, área o departamento, colapsado por el trabajo a desarrollar y poco dotado de medios personales y materiales y, por el contrario, otros servicios, áreas o departamentos, hablemos claro, con poco trabajo y muchos recursos. Esto es lo que se debe cambiar y, no sé que os parecerá a vosotros, pero yo no creo que tengan la culpa de ello los funcionarios.
En definitiva, un cambio estructural del sector público, le permitirá ejercer correctamente su función de garantizar el interés general. Ello pasa por adoptar un modelo más eficiente, transparente y flexible. Si la crisis nos sirve para realizar este cambio en menor tiempo, habremos aprovechado la oportunidad; si sólo nos sirve para reducir la dimensión del sector sin afrontar sus necesarios cambios estructurales, seguiremos igual y habremos dejado escapar, una vez más, otro tren.
Xavier Balagueró
Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya
